maquina-de-combate.com – La Corte Suprema de la India ha emitido una sentencia en la que rechaza las alegaciones presentadas sobre supuestas irregularidades en la compra de 36 cazas Dassault Rafale para la Fuerza Aérea de la India. La entidad judicial tampoco encontró malos manejos en la selección del socio local, Reliance Defence.

El contrato de compra-venta se firmó el 23 de septiembre de 2016 como parte de un programa gobierno a gobierno.

La sentencia indica que la necesidad de adquirir cazas para la Fuerza Aérea de India (IAF) se origina tras el conflicto de Kargil, que a mediados de 1999 enfrentó a la India con Pakistán. En junio de 2001 se aprobó inicialmente la adquisición de 126 cazas para la IAF y en 2002 se establecieron procedimientos más transparentes para las adquisiciones para la Defensa. En 2005 se delinea una cláusula offset para promover la industria local

El 29 de junio de 2007, el Consejo de Adquisiciones para la Defensa (Defense Acquisition Council) emite un documento denominado ‘Aceptación de Necesidad’ para la compra de 126 cazas mediano multirol, de los cuales, 18 aviones serían producidos por el fabricante original, en el extranjero, y los restantes 108 cazas serían manufacturados bajo licencia por Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Se calculaba que HAL se tomaría unos 11 años para entregar los 108 cazas a la IAF.

El proceso de seleección MMRC (Medium Multi Role Combat Aircraft) comenzó en agosto de 2007 y seis fabricantes remitieron sus propuestas el 3 de abril de 2008. Las siguientes etapas fueron las evaluaciones técnicas, evaluaciones de campo, emisión de un reporte de la IAF y un reporte del comité técnico de supervisión, culminando en 2011.

Las ofertas comerciales se abrieron en noviembre de 2011 y Dassault Aviation fue seleccionado como postor preferente (L1) en enero de 2012. Se iniciaron las negociaciones finales pero no se llegó a ningún acuerdo. Las diferencias entre HAL y Dassault resultaron insuperables. A mediados de 2014 se produce un cambio de política en la India.

En marzo de 2015, la India inició un proceso de retiro de la Solicitud de Propuesta (RfP, Request for Proposal) sobre la compra de los 126 cazas y al mes siguiente los gobiernos de Francia e India emiten un comunicado conjunto en el que acuerdan la compra de 36 cazas Rafale, todos fabricados en Francia, a través de un acuerdo intergubernamental.

En junio de 2015 se culmina el retiro del RfP.

El contrato de compra-venta de 36 Rafale, el protocolo de suministros, protocolo de armamento, arreglos técnicos y acuerdos offset se firmaron el 23 de septiembre de 2016. Se pactó la entrega en lotes, empezando en octubre de 2019.

El programa avanzaba con normalidad hasta septiembre de 2018 en que reportes de la prensa citaron declaraciones del expresidente francés, Francois Hollande, señalando que a Francia no le dejaron alternativa que seleccionar a Reliance Group como socio local. Dichos reportes gatillaron la presentación de cuatro querellas judiciales en la India contra los principales responsables del proceso de compra de los cazas franceses.

La Corte Suprema de la India resalta que la capacidad militar es de suma importancia para disuadir cualquier potencial agresión externa y para porteger la soberanía e integridad de la India. Para ello se requiere de a tecnología adecuada. Agrega que sería apropiado definir parámetros legales para el escrutinio judicial de las adquisiciones para la Defensa, diferentes a aquellas de adjudicaciones y licitaciones de otros sectores. En compras para la Defensa, el principal factor es la soberanía nacional.

El 31 de octubre pasado, la Corte Suprema resaltó que en ninguna de las querellas se puso en tela de duda la capacidad de los cazas Rafale ni su utilidad para la IAF. Solamente se cuestionaba el proceso de toma de decisiones y el costo de los equipos a adquirir.

El gobierno de la India ha llevado a cabo revisiones periódicas sobre el requerimiento, en 2002, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013 y 2016, resaltando que las compras para la Defensa tienen características únicas que difieren de las prácticas comerciales usuales, incluyendo a restricciones aplicadas a los proveedores, complejidad tecnológica, suministros del extranjero, costos elevados, variabilidad del tipo de cambio y ramificaciones geopolíticas. Ello obliga a una gran flexibilidad en el proceso de compra.

La corte se abstiene de decidir si la compra de 36 cazas es mejor o peor que adquirir 126 unidades, indica que no puede obligar al gobierno a adquirir 126 cazas, anota que la compra de 126 cazas ya estaba paralizada antes de la compra de los 36 Rafale, a pesar de que se tomó tal decisión antes de completar el retiro del RfP original. Agrega que la India no se puede permitir estar sin preparación o subpreparada en una contexto en que potenciales adversarios no solamente han adquirido cazas de cuarta generación sino incluso cazas de quinta generación, de los que la IAF no tiene ninguno.

La corte agrega que al momento de firmar el contrato, éste no fue cuestionado y que solamente a raíz de las declaraciones del expresidente francés Hollande es que se han presentado las peticiones judiciales. Asimismo, a pesar de la reticencia de la corte a analizar el tema de costos, se solicitó información sobre este tema en sobres sellados, en los que se muestra que el gobierno solamente ha difundido los costos básicos del caza, incluso al Parlamento, por un tema de seguridad nacional aunque los detalles si se han entregado ala Contraloría y Auditoría General (CAG) y el reporte de la CAG ha sido examinado por un Comité de Cuentas Públicas, una parte del cual se ha entregado al Parlamento y es de dominio público.

La corte ha analizado la información que tiene a su disposición e indica que no es su tarea el comparar los detalles de precios por razones de confidencialidad. Sobre las obligaciones offset, indica que éstas comienzan a partir de octubre de 2019, tres años después de la firma del contrato. Sobre supuestas oscuridades para seleccionar al socio local, una empresa recién formada en 2015. Cualquier trato irregular en la materia ha sido rotundamente negado por todos los participantes y toda vez que el contratista aún no remite una propuesta formal sobre el tema al gobierno de la India, ni siquiera se puede involucrar al gobierno en este tema.

Así las cosas, la Corte Suprema de la India concluye que las percepciones de individuos no pueden sustentar una querella ante la corte, especialmente en esta materia. Por tanto, descarta las cuatro querellas presentadas, bajo los considerandos del Artículo 32 de la Constitución de la India, invocado en los casos presentados.

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