Magistrada del Tribunal Constitucional

Fachada de Palacio de Gobierno del Perú, en el centro de la ciudad de Lima. Foto: Ministerio de Cultura del Perú

maquina-de-combate.com – La magistrada del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, ha sostenido que existen otros mecanismos para destituir a un Presidente del Perú aparte de la vacancia presidencial.

En declaraciones a la prensa nacional, Marianella Ledesma ha afirmado que la Comisión Permanente del Congreso de la República está en capacidad de inhabilitar, suspender e incluso destituir al Presidente de la República. “Usemos el artículo 99 (de la Constitución Política del Perú) que señala un procedimiento súper claro: la Comisión Permanente lo acusa ante el Congreso, el Congreso decide retirarle, con sus cargos. Sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe la investigación”, afirmó Marianella Ledesma.

Ledesma agregó en declaraciones al diario Correo que “la Comisión Permanente puede acusar al presidente ante el Congreso por dos causales, por delitos o por infracción a la Constitución, que es otra alternativa (…). Luego, ante esa acusación de la Comisión Permanente, el Congreso toma la decisión de suspender al presidente e inhabilitarlo por diez años del ejercicio público y destituirlo de su función”.

A la magistrada Ledesma le preocupa el uso de la vacancia presidencial al ser una herramienta de última ratio, cuando el presidente demuestra severa inconsecuencia moral para ejercer el cargo para el cual fue proclamado, una proclamación que en el caso de Pedro Castillo ha sido el efecto directo de la negativa del Jurado Nacional de Elecciones a impartir justicia electoral y funcionar como una simple mesa de partes.

Olvida la magistrada sin embargo que Pedro Castillo viene acumulando un impresionante número de irregularidades en cinco meses en el cargo, incluyendo incumplir repetidamente la ley de transparencia, interferir en el proceso de ascensos militares, reunirse con proveedores del Estado que días después ganan jugosas licitaciones (e incluso reuniéndose fuera de Palacio de Gobierno), nombramiento reiterado de personas sin la capacidad necesaria para los cargos o personas presuntamente vinculadas a grupos extremistas, modificar las normas para beneficio propio (como lo ha hecho en días recientes para poder pasar Navidad en Chota), negarle en más de una oportunidad acceso a ambientes de Palacio de Gobierno a fiscales, intentar influenciar las diligencias del Ministerio Público al reunirse con la fiscal de la Nación, restablecimiento de relaciones exteriores con la dictadura de Venezuela en desmedro del Grupo de Lima, reconocimiento de un no país en claro daño de las relaciones con Marruecos, omisión de funciones al permitir la injerencia de actores políticos extranjeros en cuestiones de política interna que afectan directamente la soberanía nacional, uso de aeronaves de las Fuerzas Armadas para fines personales, entre otras irregularidades sobre las que ya no puede alegar desconocimiento de las normas, lo cual tampoco es una justificante por cierto. 

Cabe indicar que la Fiscalía de la Nación ha tenido que intervenir en dos oportunidades las instalaciones de Palacio de Gobierno ante las presuntas irregularidades que se han venido detectando con la valiosa colaboración de la prensa nacional. Un hecho inédito que los fiscales hayan tenido que intervenir Palacio de Gobierno como parte de una operativo contra presunta corrupción y otro hecho inédito que se les haya negado acceso a los fiscales a ambientes de Palacio. 

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