– Por disturbios violentos, actos de terrorismo y prevención

maquina-de-combate.com – El gobierno de Perú ha declarado el Estado de Emergencia a partir del 15 de enero de 2023, en los departamentos de Puno y Cusco, a la par que lo ha extendido en los departamentos de Lima y Callao, ante los disturbios violentos, actos de subversión y desmanes que se vienen produciendo en localidades de Puno y Cusco, mientras que la extensión de la emergencia en Lima y Callao se entiende como medida preventiva ante diversos anuncios de organizaciones extremistas de realizar marchas.

Si bien la población trabajadora ya está reaccionando contra los violentistas en diferentes ciudades del Perú, la medida de excepción se emite como medida de precaución para asegurar el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en la custodia del orden público.

Asimismo, la Policía y la Fiscalía ya están realizando las detenciones de azuzadores, cabecillas y violentistas, incluyendo a personas con pasado terrorista y actuales líderes de los remanentes de Sendero Luminoso.

Este fin de semana, por otro lado, la Policía y la Fiscalía han detenido en el Callao a dos personas que trasladaban 78 cartuchos de dinamita. Los intervenidos serán investigados por el delito de tenencia ilegal de material explosivo.

Ls declaratoria de estado de emergencia tiene una vigencia de 30 días calendario y también abarca a la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, las provincias de Tambopata y Tahuamanu, en el departamento de Madre de Dios, y el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Como se puede apreciar, los disturbios se concentran en la zona sur del Perú, motivo por el cual el flujo de turistas se ha reducido a su mínima expresión en dichos departamentos, incluyendo increíblemente al Cusco.

Los votantes de estos departamentos, en su gran mayoría votaron a favor de Pedro Castillo, sabiendo de sus nexos con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, se les advirtió una y otra vez a través de medios de prensa, portales de noticias, incluyendo esta humilde casa, pero aún así optaron por colocar a una organización criminal en la Presidencia de la República, precisamente en el cumplimiento de 200 años de vida republicana. Pedro Castillo y sus allegados se dedicaron a robar desde que ingresaron al gobierno, no habiendo una sola obra emblemática que hayan emprendido, al punto que no compraron úrea para los agricultores, no obstante haberlos usado de muletilla para promover sus agendas particulares.

Por estos, días grupos minoritarios, algunos muy violentos, se han levantado en defensa de uno de los dos presidentes más corruptos que haya tenido el Perú en su vida republicana, a pesar de que la actual presidente Dina Boluarte formaba parte de la Plancha Presidencial de Castillo y que ellos también la colocaron en dicho puesto. Pedro Castillo dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, acto totalmente ilegal e inconstitucional que felizmente fue rápidamente develado por la institucionalidad peruana, la cual ha resultado fortalecida por dicha respuesta democrática y constitucional. La violencia con la que algunos delincuentes, mezclados con terroristas, intentan impulsar su agenda de pobreza para la mayoría y riqueza para ellos, no tendrá éxito en Perú, a diferencia de lo que sucede en países como Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua.

Punto aparte merece la intervención boliviana en los disturbios y actos terroristas en el sur del Perú, la cual mínimo requiere la expulsión del embajador de Bolivia en el Perú y el procesamiento penal de líderes bolivianos y sus socios peruanos. En las protestas, los subversivos están utilizando balas expansivas contra la Policía, la población civil y un sector que sí protesta de manera legítima. De acuerdo a información proveniente de la misma Bolivia, parte de esas balas expansivas tienen origen boliviano, lo cual debe ser investigado y de comprobarse se le debe requerir serias explicaciones al gobierno boliviano. Ni la Policía, ni las Fuerzas Armadas utilizan balas expansivas.

Es también prioritaria la expulsión del país del embajador de Cuba del Perú y suspender las relaciones diplomáticas con la isla caribeña.

Además, en las redes sociales se pueden ubicar a cuentas que azuzan la violencia en el Perú. Los responsables de dichas cuentas tienen que ser detenidos por la Políca y Fiscalía, por apología al terrorismo. También existen personas que hacen lo mismo en persona, engañando a personas con una narrativa alejada de la realidad.

Finalmente, recordar que el Perú aún espera que se haga justicia con las miles de familias enlutadas por las desastrosas, negligentes, punibles medidas adoptadas por la administración de Martín Vizcarra durante la pandemia del Covid-19. Dichas desgraciadas medidas le han costado la vida a miles de peruanos.

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