– Tras golpe de Estado fallido, Castillo es investigado por el delito de rebelión y otros
– Estupendo rol de las Fuerzas Armadas, Policía y Seguridad del Estado para impedir que el golpista Castillo concrete un quiebre democrático

Audiencia de prisión preliminar contra Pedro Castillo por el delito de rebelión y otros. Foto: Ministerio Público del Perú

maquina-de-combate.com – El ahora expresidente Pedro Castillo, convertido en golpista y muy breve dictador, ha sido sentenciado a siete días de detención preliminar por un Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial tras haber sido detenido en flagrancia por el delito de rebelión en agravio del Estado, al haber intentado, en vivo y en directo, un golpe de Estado ayer 7 de diciembre.

Pedro Castillo anunció ayer su intención de disolver el Congreso de la República, la reorganzación del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial, de manera totalmente ilegal e inconstitucional, a tal punto que un par de horas después de su anuncio ya se encontraba detenido en la sede principal de la Región Policial Lima.

Castillo fue detenido por su propia escolta y personal de Seguridad del Estado mientras se encontraba en trayecto a la Embajada de México en Lima, donde pretendía pedir asilo y huir posteriormente del Perú.

La intentona golpista de Castillo y sus secuaces tuvo lugar el mismo día que se había programado la votación de la tercera moción de vacancia en su contra, en el Pleno del Parlamento, y el mismo día en que un nuevo colaborador eficaz, de múltiples colaboradores que vienen delatando las fechorías del grupo que se había acaramado en el Poder Ejecutivo, prestaba declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El 7 de diciembre por la mañana, se conocía la renuncia y solicitud de pase a retiro del comandante general del Ejército del Perú, general Walter Horacio Córdova Alemán. Asimismo, el día del fallido golpe de Estado, las Fuerzas Armadas del Perú en pleno emitieron un comunicado en el que expresaban su respaldo a la Constitución Política del Perú y horas más tarde se hicieron presentes en la sede del Congreso de la República en una muy significativa muestra de respaldo a la institucionalidad del Perú, un gesto que los enaltece y por el que siempre serán recordados con afecto y respeto.

Aún resta al Congreso y al Ministerio Público interponer acciones legales contra aquellos funcionarios, ministros y primeros ministros que han pretendido desconocer el ordenamiento constitucional que representa el pacto social entre peruanos y que ha permitido sacar de la pobreza a millones de compatriotas.

A Dina Boluarte, la nueva presidente del Perú, le corresponde nombrar a un Consejo de Ministros con los mejores técnicos a su alcance y trabajar en coordinación y armonía con el Parlamento, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y Poder Judicial en aquellas reformas que sean necesarias para evitar que sucesos como el del 7 de diciembre de 2022 nunca más vuelvan a ocurrir en el Perú, entre ellos la reforma del sistema electoral, nombrar a nuevas autoridades en los entes electorales, la probable creación de un Senado para convertir en bicameral al Parlamento, reinstaurar la reelección de congresistas, evaluar la renovación del Parlamento por tercios o mitades a medio término, elevar los requisitos para acceder al cargo de congresistas, ministros, primeros ministros, presidente, prohibir el comunismo en el Perú, evaluar la permanencia del Perú en la Organización de Estados Americanos o en todo caso aplicarle reservas, y un probable adelanto de elecciones, presidenciales o generales, según se considere más conveniente para el Perú.

Lo cierto es que la inestabilidad ha provenido, desde un inicio, del Poder Ejecutivo liderado por Pedro Castillo, del cual ha formado parte la señora Boluarte en múltiples oportunidades, salvo la última, motivo por el cual las autoridades en su conjunto deben considerar la conveniencia o no de elecciones adelantadas, tras haber culminado las reformas necesarias, algunas de las cuales se han indicado previamente.

Si Boluarte pretende continuar en el cargo de presidente hasta 2026, bueno, tendrá que empezar nombrando ministros de probada trayectoria profesional y alejarse de ideologías absurdas de los años sesenta del siglo pasado, que tanto daño han hecho y siguieron haciendo ahora con Pedro Castillo.

La primera obligación del presidente, congresistas, ministros y magistrados es cumplir y hacer cumplir la Constitución, por ella han jurado al asumir sus cargos y a ella se deben.

Finalmente, cabe indicar que se debe investigar cómo así el Jurado Nacional de Elecciones aceptó como plan de gobierno el ideario del grupo político Perú Libre, siendo abiertamente anticonstitucional.  

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