– Por delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder

maquina-de-combate.com – La Fiscalía de la Nación ha presentado hoy 11 de octubre de 2022 una denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.

Otros presuntos delitos que se le imputan a Pedro Castillo y a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, son tráfico de influencias y colusión.

La denuncia constitucional fue presentada a mesa de partes del Congreso de la República y ya ha sido derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

También han sido comprendidos en las investigaciones seis congresistas del partido Acción Popular por presuntamente condicionar sus votos a cambio de favores del Poder Ejecutivo. Las oficinas y viviendas de estos congresistas han sido allanadas hoy, y además se han arrestado a cinco personas que supuestamente conforman el denominado gabinete en las sombras, y otra persona, Alejandro Sánchez, el dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Lima – donde meses atrás fue observado Pedro Castillo ingresando durante horas de la noche, se encuentra no habido.

Dada la importancia y gravedad de la denuncia constitucional, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, realizó un pronunciamiento en compañía del equipo que de fiscales y policías que trabajan en conjunto para avanzar las investigaciones sobre múltiples presuntos delitos en que habría incurrida la organización criminal enquistada en el poder.

Según resalta el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, la Fiscal de la Nación sostiene que : “Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

“De acuerdo a las investigaciones, la organización es liderada por el presidente de la República e integrada, entre otros, por los ex ministros Juan Silva, Geiner Alvarado y el ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez. Los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión se habrían cometido en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”.

“Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”.

“Añadió que la denuncia se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”.

“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

La fiscal de la Nación reveló además una “constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal”, que aprovechándose de estar en el Gobierno amenaza la autonomía del Ministerio Público y realiza un permanente amedrentamiento en su contra y su familia”.

“La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”, concluyó la valiente fiscal Patricia Benavides.

Cabe indicar que al citar la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la corrupción, se acercan los conceptos a aquellos de especialistas que citan que Pedro Castillo sí puede ser inhabilitado y cesado del cargo de Presidente en virtud a los convenios firmados por el Perú en dicha materia. Especialistas afirman además que los congresistas constituyentes que elaboraron la Constitución de 1993 difícilmente pudieron prever que una organización criminal iba a acceder eventualmente al Poder Ejecutivo, por lo que las previsiones constitucionales contemplan cierto comportamiento ético por parte del mandatario, que por ejemplo se pueda traducir a través de la renuncia al cargo, lo que hoy se aprecia – en nuestra humilde opinión – no existe, ni en el presidente ni en sus ministros, los cuales, recordemos, son solidariamente responsables por los actos del presidente, salvo presenten su renuncia.

Es primera vez en la historia del Perú que un presidente en funciones es denunciado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación.

 

 

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