– Por el grave y acelerado deterioro de la administración pública, por el manifiesto incumplimiento del deber constitucional de combatir a la corrupción, por el reiterado incumplimiento de estándares sobre libertad de expresión y por el reciente e inconstitucional toque de queda.

Fachada de la sede de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Lima. Foto: Defensoría del Pueblo

maquina-de-combate.com – El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, ha remitido un oficio a Pedro Castillo en el que le exige que presente su renuncia al cargo que actualmente ocupa.

A continuación el oficio indicado:

Lima, 9 de abril de 2022

OFICIO N° 0096-2022-DP

Señor
Pedro Castillo Terrones
Presidente Constitucional de la República
Presente.-

De mi consideración:

Le dirijo la presente para expresarle nuestra posición institucional frente a la grave crisis política en la que se encuentra el país. Conscientes de la necesidad de superar esta situación, en el marco de nuestras competencias constitucionales le expresamos lo siguiente:

– Basados en nuestro mandato constitucional de ser garantes de los derechos fundamentales de la población, así como supervisores de la adecuada prestación de servicios públicos y del cumplimiento de los deberes de la administración estatal.

– Asimismo, en nuestras tempranas y reiteradas advertencias sobre el incumplimiento del mandato constitucional que obliga al Estado a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y que, igualmente, obliga directamente al presidente de la República a cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico.

– Frente al grave y acelerado deterioro de la administración pública, así como a los evidentes retrocesos en las políticas públicas, producto de acciones y omisiones de sus gobierno, que se expresan, entre otros, en el nombramiento de ministros de Estado y altos funcionarios, de personas que no resultan idóneas para dichos cargos, ya sea por su inexperiencias, incompetencia o por estar vinculados a ilícitos penales o casos de violencia contra las mujeres.

– Ante el manifiesto incumplimiento del deber constitucional del combate contra la corrupción, que de acuerdo con el Tribunal Constitucional se vincula directamente con los principios de transparencia y publicidad, los cuales también han sido incumplidos durante su gestión y que se pone de manifiesto en su negativa a cumplir con lo dispuesto por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que le ordenó que se haga público el listado de visitas presidenciales fuera de Palacio de Gobierno.

– Basados en el reiterado incumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y en el incumplimiento de las recomendaciones que se formularon para poner fin a la permanente obstaculización de la labor periodística y las agresiones que viene padeciendo.

– Vista la reciente e inconstitucional medida de restricción de libertades y derechos de once millones de peruanos, en la que se instrumentaliza la declaratoria del estado de emergencia para evitar atender un conflicto social que debió ser solucionado desde un inicio a través del diálogo, así como frente al uso desmedido, desproporcionado, irracional e inmotivado de la inmovilización social, que constituye uina transgresión flagrante al orden constitucional sobre la cual hasta el día de hoy no ha rendido usted cuenta al Congreso, conforme lo dispone el artículo 137 de la Constitución.

– Finalmente, cabe recordar que nuestra Constitución establece diversos mecanismos de salida frente a graves crisis políticas, siendo la menos traumática la renuncia al cargo de presidente de la República. Conviene señalar que, desde una lectura histórico – constitucional, la renuncia no ha sido un mero acto jurídico voluntario y personal, sino una forma de solución a la que han acudido exmandatarios cuando han advertido la gravedad de la crisis y comprendido que ellos mismos eran un obstáculo para encontrar una salida.

Por todas estas consideraciones, y en salvaguarda de los derechos fundamentales y la preservación de la buena marcha de la administración pública, la Defensoría del Pueblo le demanda realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a renunciar a su cargo para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis.

Atentamente,

Walter Gutiérrez Camacho
Defensor del Pueblo

 

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