Misión de la ONU determina que la dictadura de Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad
– Ahora corresponde su expulsión del Consejo de Derechos Humanos.
maquina-de-combate.com – La Comisión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un fuerte reporte en el que concluye que la dictadura de Nicolás Maduro, en Venezuela, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
Ahora corresponde expulsar al régimen de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, entidad que se ha convertido en una coladera de regímenes violadores de derechos humanos.
El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió la Resolución 42/25 en la que establece una Misión de Determinación de Hechos en la República de Venezuela para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratamientos crueles y degradantes desde el año 2014. La Misión ha generado dos reportes en septiembre de 2020 en base a sus hallazgos.
Entre enero y agosto del presente año, la Misión envió seis solicitudes de cooperación al régimen venezolano sin recibir respuesta. A pesar de sus esfuerzos, no se pudo reunir con autoridades del régimen. No obstante tal restricción y la pandemia del Covid-19, la comisión pudo reunir suficiente información para concluir sus reportes.
Las violaciones documentadas en los reportes tuvieron lugar a partir de 2014, entre un gradual deterioro de la institucionalidad democrática en Venezuela, lo que generó un ambiente permisivo para tales violaciones.
Venezuela continúa experimentando hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y una severa crisis humanitaria, agravada por el Covid-19. Más de cinco millones de venezolanos han tenido que abandonar su país para buscar sustentos en otros países, principalmente en la región.
La Asamblea Nacional de Venezuela, desde que la oposición obtuvo dos tercios de los asientos en diciembre de 2015, ha sido constantemente hostigada por diferentes órganos afines al régimen. Desde agosto de 2017, la denominada Asamblea Constituyente de Venezuela, congregada por Nicolás Maduro en mayo de 2017 y luego establecida por elecciones muy cuestionadas, ha actuado como una rama legislativa de facto.
Desde entonces, el Poder Ejecutivo ha expandido sus competencias, abarcando aquellas exclusivas y excluyentes de la Asamblea Nacional de Venezuela.
La Misión ha encontrado que los principales objetivos de las violaciones han sido a menudo los críticos del gobierno, particularmente aquellos que lograron cierta prominencia, incluyendo activistas socials, líderes políticos, políticos opositores, militares disidentes, abogados, jueces, manifestantes, funcionarios públicos, usuarios de redes sociales, blogeros, profesionales de la salud, educadores y otras personas a las que se les ha acusado de rebelión, conspiración y supuestos intentos de golpe de Estado.
También se ha atentado contra personas cercanas, familiares y colegas de las personas anteriormente indicadas. Las autoridades del régimen detuvieron a estas personas para aparentemente extraerles información o aplicar presión sobre sus principales objetivos.
Entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, la organización no gubernamental Foro Penal registró un total de 3479 casos de detenciones políticamente motivadas, de las cuales 902 (26%) fueron detenciones selectivas y las restantes en el marco de protestas. Existe además una suerte de puerta giratoria, por la cual, mientras se detienen a algunas personas, otras son liberadas.
Entre abril de 2014 y diciembre de 2017, seis líderes opositores fueron detenidos por períodos que varían entre 72 horas y más de cuatro años, bajo cargos de rebelión, conspiración y omisión de actos para prevenir desorden público.
A partir de diciembre de 2015, los parlamentarios de la oposición se convirtieron en blancos predilectos de actos represivos. Desde 2014, la Corte Suprema del régimen ha solicitado levantar la inmunidad de 32 congresistas y en 28 casos se levantaron cargos de supuesta traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, desacato y crímenes de odio.
Desde 2017 se ha arrestado a una seri de oficiales militares en retiro, por supuestamente haber estado involucrados en intentos de rebelión o golpes de Estado para sacar a Maduro del poder. Mientras incrementaban las teorías conspiratorias, el número de operaciones de contra-inteligencia contra los militares aumentaron, de tres casos entre 2014 y 2016, a 16 casos entre 2017 y 2020.
A partir de 2018, personas allegadas a aquellos blancos militares, familiares, amigos y asociados fueron crecientemente víctimas de actos de represión.
El 31 de agosto de 2020, Maduro indultó a 110 personas, principalmente integrantes de la oposición política, que habían sido acusados de actos criminales.
La Misión ha investigado 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) donde encontró bases razonables para sostener que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ha arrestado arbitrariamente, detenido y/o torturado o maltratado a personas por motivos políticos. La mayoría de los arrestos se produjeron luego de un período de vigilancia e investigación.
Un ex empleado del Sebin informó a la Misión que las órdenes procedían a menudo de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes la transmitían al director general del Sebin para que actúe en consecuencia.
El Sebin realizaba arrestos a menudo sin requisitoria, en particular antes de 2019. Varios disidentes políticos fueron arrestados por la comisión de flagrantes delitos a pesar de no haber cometido delito alguno al momento de su arresto o anterior al mismo. La Misión cree que oficiales del Sebin falsificaron evidencia, plantaron evidencia (en particular armas de fuego), utilizaron violencia durante los arrestos, entraron a hogares por la fuerza, entre otros.
Había asimismo un patrón de conducta en el que autoridades realizaban declaraciones públicas corto tiempo después de las detenciones para difundir la supuesta responsabilidad de los detenidos.
La Misión sostiene que algunos oponentes políticos y personas asociadas a ellos fueron sujeto de desapariciones forzadas de corto plazo, que agentes del Sebin torturaron y maltrataron a detenidos en particular, en los primeros días tras el arresto. Los actos inhumanos fueron cometidos usualmente durante interrogaciones para extraer confesiones o para forzar a los detenidos a incriminarse, en particular a altas figuras de la oposición. En el caso del diputado, Juan Requesens, los oficiales del Sebin le habrían administrado sustancias psicotrópicas para inducirlo a una confesión.
Entre 2014 y 2018, en los casos revisados por la Misión se empleaba como método de tortura diferentes posturas de tensión física, asfixia con bolsas plásticas o agua, golpes físicos, choques eléctricos, amenazas de muerte, violación sexual, amenazas contra la víctima o sus familiares, tortura psicológica, represión sensorial mediante luz o frío extremo, desnudos forzados, entre otros.
Para más información, leer el reporte de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.
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