– A la solicitud de cuestión de confianza del expremier Aníbal Torres

maquina-de-combate.com – La congresista Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, el expremier Aníbal Torres y aquellos ministros que firmaron la reciente acta del Consejo de Ministros en la que se desconoce la autoridad del Tribunal Constitucional en materia constitucional y en particular en torno a la cuestión de confianza.

Los otros denunciados son César Landa Arroyo (ministro de Relaciones Exteriores), Daniel Barragán Coloma (ministro de Defensa), Kurt Burneo Farfán (ministro de Economía y Finanzas), Willy Huerta Olivas (ministro del Interior), Félix Chero Medina (ministro de Justicia), Rosendo Serna Román (ministro de Educación), Kelly Portalatino Ávalos (ministra de Salud), Jenny Ocampo Escalante (ex ministra de Desarrollo Agrario y Riego), Alejandro Salas Zegarra (ministro de Trabajo y Promoción del Empleo), Roberto Sánchez Palomino (ministro de Comercio Exterior y Turismo), Alessandra Herrera Jara (ex ministra de Energía y Minas), Claudia Dávila Moscoso (ex ministra de la Mujer), Wilber Rosas Beltrán (ministro del Ambiente), Jorge Prado Palomino (ex ministro de Producción), César Paniagua Chacón (ministro de Vivienda) y Betssy Chávez Chino (ex ministra de Cultura y actual premier).

En la denuncia constitucional, la congresista Patricia Chirinos resalta que la ley 31355 que fue aprobada el 21 de octubre de 2021 por el Congreso de la República enfatiza que el Poder Ejecutivo solamente puede presentar cuestión de confianza sobre materias de su competencia, relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, y confirma que no puede presentar cuestión de confianza sobre temas relativos a la aprobación o no de reformas constitucionales y sobre las competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento.

Esa misma ley, en sus disposiciones complementarias, señala que la cuestión de confianza será aprobada o rehusada luego de concluido el debate en el Pleno del parlamento y tras la votación correspondiente. Además, el resultado de la votación en el Pleno tiene que ser comunicada al Poder Ejecutivo por escrito para que surta efecto. El Congreso de la República interpreta el sentido de sus decisiones, no el Poder Ejecutivo.

El 17 de noviembre de 2022, el premier Torres asistió al Pleno a solicitar una cuestión de confianza sobre materia de reforma constitucional en torno a la participación y control ciudadano, materia exclusiva y excluyente del Parlamento. Ese pedido no ha sido aceptado y se declaró improcedente.

En una sesión del Consejo de Ministros se ha dado indicado que el Congreso les ha negado una primera cuestión de confianza, cuando lo que ha ocurrido en realidad es que la Mesa Directiva del Parlamento ha declarado la solicitud del premier como improcedente. Ni siquiera pasó a debate en el Pleno.

La denuncia abarca a los ministros firmantes del acta de sesión del Consejo de Ministros porque conforme a la Constitución, los ministros son solidariamente responsables de los actos del presidente de la República, salvo renuncien inmediatamente a sus puestos.

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