– Rechazan la designación de Betsy Chávez como primer ministro

maquina-de-combate.com – Los militares en retiro, incluyendo a veteranos de guerra, que se han congregado en el colectivo Arica No Se Rinde han emitido un muy fuerte pronunciamiento en el que consideran ilegal el acta de la reciente sesión del Consejo de Ministros en la que desconocen la normativa relativa a la cuestión de confianza.

Los ministros firmantes, y aquellos que no han renunciado a sus cargos (conforme al marco legal peruano) consideran que la declaratoria de improcedencia de la solicitud de cuestión de confianza presentada por el ahora expremier Aníbal Torres es un rechazo de cuestión de confianza. La norma indica que es únicamente el Congreso la entidad que interpreta el sentido de sus decisiones, que la cuestión de confianza, siempre y cuando sea procedente, debe ser votada, aprobada o rechazada por el Pleno del Congreso y comunicada por escrito al Poder Ejecutivo. Nada de esto ha sucedido, la Mesa Directiva del Congreso, en línea con sus atribuciones, no ha aceptado la solicitud de cuestión de confianza por ser improcedente, relativa a cuestiones exclusivas y excluyentes del Parlamento, existiendo además ya jurisprudencia en la materia del Tribunal Constitucional, lo que torna doblemente grave las conclusiones del Consejo de Ministros.

Los ministros se han hecho pasibles de denuncia constitucional, estando el terreno llano para que proceda el Congreso de la República en ese sentido.

A continuación, el fuerte comunicado de Arica No Se Rinde:

PRONUNCIAMIENTO

Los veteranos de Guerra que integramos la Legión AricaNoSeRinde y hemos combatido en los años 80s y 90s al terrorismo, al tomar conocimiento del nombramiento de Betsy Chávez como primera ministra, nos ha vuelto a la memoria, cuando los terroristas previamente al ataque a una base militar lanzaban una llanta cargada de explosivos desde las alturas. No cabe duda de que este nombramiento constituye la prueba o evidencia de un verdadero ataque a la democracia y usando a una persona cargada de denuncias por corrupción pretende, como parte de un infame plan, atentar contra la democracia. Por eso hace bien, el General Williams, Presidente del Congreso, en proteger la institucionalidad frente a estos delincuentes al interponer una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, por el ejercicio de la cuestión de confianza en contra de la Constitución, el Reglamento del Congreso y las leyes, menoscabando las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 108 del Código Procesal Constitucional.

Consideramos que el Ejecutivo a través de su Consejo de ministros ha infringido la ley haciendo una interpretación arbitraria de su burda maniobra para forzar cuestiones de confianza, con el único afán de quebrar el orden constitucional para cerrar ilegalmente el Congreso pues, este poder del Estado, con todas las deficiencias que le conocemos es el principal obstáculo que tienen para hacerse del poder absoluto.

Las múltiples y fundadas acusaciones de corrupción de este gobierno, más allá de las conveniencias políticas y sobre todo de intereses mezquinos de ciertos sectores, son para la mayoría de peruanos la muestra certera de que quienes ostentan el poder no tienen ni la menor intención de velar y trabajar por los intereses de la patria; solo son una recua de delincuentes de la peor calaña dispuestos a saquear y depredar al Estado para su propio beneficio. Cometemos un grave error los peruanos demócratas de continuar tratándolos con la deferencia de los cargos, que ellos mismos han deslegitimado. Más aún ahora que la misma “flamante premier” ha admitido en una entrevista televisiva las intenciones golpistas de Castillo y sus secuaces. Es iluso pensar que enmendarán su rumbo, por el contrario, continuarán con sus planes. El nombramiento del desequilibrado y enajenado agente del odio Aníbal Torres como asesor del despacho que acaba de dejar, es prueba de que nada cambiará.

Por todo ellos exigimos a nuestras autoridades ponerse a la altura de la amenaza flagrante a nuestra democracia y realizar las acciones legales en el marco constitucional para poner lo más pronto posible a Pedro Castillo y toda la gavilla de delincuentes que lo secundan, en el mismo lugar que a su jefe de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia): la cárcel; que es el único destino que le corresponde luego de los graves crímenes que ha cometido y de los cuales existen abundantes evidencias.

¡ BASTA YA! ¡ DETENGAMOS LAS ACCIONES ILEGALES DE ESTOS DELINCUENTES PARA ATENTAR CONTRA NUESTRA DEMCORACIA! !TENEMOS DEBERES SAGRADOS QUE CUMPLIR Y LOS CUMPLIREMOS HASTA QUEMAR EL ÚLTIMO CARTUCHO! ¡ ARICA NO SE RINDE !

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