– La Defensoría del Pueblo considera el hecho como una restricción arbitraria a la libertad de prensa. Exige una corrección inmediata.

Efectivos policiales impiden el trabajo de periodistas en Jicamarca, San Juan de Lurigancho, Lima. Foto: IPYS

maquina-de-combate.com – El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) ha emitido un comunicado en el que afirman que las restricciones que se vienen implementando para impedir el trabajo de periodistas en actividades de Pedro Castillo configuran una afectación al derecho a la información

A continuación, el comunicado de IPYS:

El 22 de febrero de 2022, periodistas de diversos medios de comunicación que cubrían las actividades del presidente Pedro Castillo fueron cercados por un fuerte contingente policial para impedir que se acerquen al presidente y hacerle preguntas. El hecho ocurrió en la localidad de Jicamarca del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima.

Jorge Malmborg, reportero del canal Latina Tv, narró al IPYS que seguían las actividades de Castillo cuando un grupo de policías con escudos acordonó el espacio para evitar que los periodistas se acerquen al presidente. Algunos lograron colarse, con lo cual la policía puso el cordón a modo de reja para encerrar a los reporteros. Igor Malca de ATV filmó dicha acción que, en una zona con desniveles y pendientes, casi produce la caída de varios periodistas de una ladera.

Los periodistas denunciaron la actitud de la policía, que actuó por órdenes de Seguridad del Estado, personal encargado de la custodia del presidente Castillo.

Ayer, Pedro Castillo dijo a los periodistas en una actividad en una escuela en Lurín “esta prensa es un chiste” luego de que el reportero Iván Escudero de radio Exitosa le preguntara sobre sus contradicciones ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de obras públicas. El presidente evitó responder sobre esos asuntos reclamando a la prensa de no preguntar sobre los temas “importantes para el país”.

IPYS observa con preocupación estos hechos que afectan la cobertura de la prensa y el derecho a la información. También recuerda al presidente Castillo que, por la importancia de su cargo, está bajo el escrutinio del periodismo y, por tanto, tiene el deber de responder sobre asuntos de alto interés público.

 

Actualización al 22 de febrero de 2022:
La Defensoría del Pueblo ha emitido por su parte un comunicado en el que señala que las trabas puestas a periodistas constituyen una restricción a la libertad de prensa.

A continuación, el comunicado de la Defensoría:

Frente a las reiteradas restricciones a la libertad de prensa realizadas por las más altas autoridades del gobierno, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:

  1. Establecer cercos policiales o de seguridad en actividades institucionales y de interés público, con la intención de evitar que los periodistas cumplan su labor de formular preguntas, constituye una restricción arbitraria a la libertad de prensa, así como la trasgresión de diversos estándares en materia de libertad de expresión.
  2. En el informe defensorial “Supervisión al Poder Ejecutivo en relación con la libertad de prensa”, nuestra institución sostuvo que: “La imposibilidad de cubrir eventos públicos constituye un obstáculo a la labor periodística y conlleva a limitar la difusión de información sobre asuntos de interés público e impedir la construcción de una opinión pública libre e informada de la población”. En efecto, este comportamiento se encuentra reñido con nuestros valores democráticos y los pilares de un Estado Constitucional.
  3. La Defensoría del Pueblo recuerda que los funcionarios de gobierno y del Estado en general están sometidos a permanente escrutinio público, por lo que no pueden direccionar, recortar ni menos aún acallar las preguntas que los periodistas les formulen. En este sentido, recordamos que es un estándar básico en materia de libertad de prensa, brindar protección especial a los medios de comunicación y periodistas para el cumplimento de su labor, minimizando todo tipo de restricciones.
  4. Por lo antes expresado demandamos al gobierno, que estos actos sean corregidos inmediatamente y se elimine toda orden dirigida a impedir que los periodistas participen de las actividades oficiales y realicen preguntas, por más incómodas que pudieran resultar. Es importante recordar que todo funcionario público, y sobre todo aquellos que ostentan los más altos cargos en el Estado, deben tener una mayor tolerancia frente a aquellas expresiones que pudieran resultar críticas y/o molestas, que se propaguen con ocasión del ejercicio de la función pública.

La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante frente a estos hechos y defenderá el adecuado ejercicio del derecho a la libertad de prensa a favor de todos los peruanos y peruanas.

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