Odebrecht busca 1200 millones de dólares en arbitraje contra Perú
– Proyecto Gasoducto del Sur
maquina-de-combate.com – La compañía brasilera Odebrecht intenta, a través de una filial con residencia fiscal en Luxemburgo, extraer 1200 millones de dólares del erario peruano en un proceso de arbitraje que ha presentado en el CIADI.
El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial.
El arbitraje contra el gobierno del Perú ha sido presentado el 4 de febrero de 2020 por Odebrecht Latinvest S.à.r.l. El argumento del demandante es una supuesta violación del tratado de promoción y protección recíproca de inversiones entre la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa y el Perú, documento firmado el 12 de octubre de 2005 en la ciudad de Bruselas.
La empresa brasilera busca que el Estado peruano le entregue 1200 millones de dólares por los gastos en que incurrió en la fase inicial de implementación del proyecto. El contrato fue resuelto porque Odebrecht no pudo conseguir respaldo financiero para implementar el proyecto.
El 7 de noviembre de 2007, el Perú aprobó la Ley Nº 29129 en la que declara de necesidad e interés público la construcción del gasoducto Camisea-Santa Ana-Cusco y el gasoducto hacia Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Para llevar adelante el proyecto Gasoducto del Perú, en el 10 de septiembre de 2008 se le otorgó la concesión a la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., por entonces los costos se estimaban en 1334 millones de dólares. El 1 de octubre de 2009, la empresa suscribió con la agencia estatal de promoción de inversiones Proinversión y el Ministerio de Energía y Minas del Perú un convenio de estabilidad jurídica que brindaba garantías de estabilidad en materia tributaria y laboral. El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado en junio de 2011. Odebrecht compra Kuntur Transportadora de Gas en 2011, sin embargo al año siguiente se declara la caducidad de la concesión.
En 2012, el Estado busca modificar el contrato de concesión otorgado a Kuntur para incluir la instalación de ductos de transporte de gas natural que sirva para el desarrollo de un polo petroquímico. Las partes no llegaron a un acuerdo. En diciembre de 2012, Perú aprueba a Ley Nº 29970 que promueve el desarrollo de un polo petroquímico en el sur, deteniendo el entonces denominado proyecto Gasoducto Andino del Sur.
En 2013, la agencia estatal de promoción de inversiones licita el proyecto con un costo aproximado de 3600 millones de dólares. La modalidad seleccionada es Asociación Público Privada (APP). El 30 de junio de 2014 se le adjudica el contrato al Consorcio Gasoducto Sur Peruano. Cabe anotar que existió una seria controversia entre los dos postores en carrera. El postor que no ganó el proceso de selección recurrió al Poder Judicial para revertir su descalificación, aludiendo un supuesto conflicto de intereses. Hubieron otras quejas de empresas registradas en el proceso de selección en torno a los tiempos del proceso.
El 23 de julio de 2014, el gobierno del Perú firmó contrato con la Sociedad Concesionaria Gasoducto Sur Peruano S.A., consorcio conformado por Odebrecht Latinvest (75%) y Enagás Internacional SLU (25%) para la construcción del gasoducto de más de 1000 kilómetros de extensión en el sur del país sudamericano. posteriormente, Graña y Montero se une al consorcio con un 20% de participación que le compró a Odebrecht Latinvest. Las inversiones por entonces las estimaba Odebrecht en un comunicado de prensa en unos 5000 millones de dólares pero fuentes no oficiales colocan la cifra real en 7328 millones de dólares.
El 4 de noviembre de 2014 se aprueba la renuncia de Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. al proyecto Gasoducto Sur Andino por el desacuerdo con el gobierno. En mayo de 2015 se inician las obras, en julio se siguiente se aprobó la modificación al Estudio de Impacto Ambiental. Parte del nuevo trazo, unos 300 kilómetros, fueron aprobados mediante Informes Técnicos Sustentatorios (ITS).
El contrato le aseguraba al contratista ingresos por más de 900 millones de dólares anuales, haya o no demanda por el gas transportado por los ductos. El Estado intentó transferir esos y otros costos a los usuarios de la red eléctrica nacional, vía recibos. Los cobros vía recibo de luz se efectuaron entre mayo de 2015 y enero de 2017 en base a un cronograma de carga variable. Tamaño despropósito fue recibido de muy mala gana por la población, fue anulado y se procedió a devolver los montos recaudados a los usuarios.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Odebrecht pagará una cuantiosa multa – unos 2600 millones de dólares – a Brasil, Estados Unidos y Suiza por el pago de sobornos. El 80% de la multa era pagadera a Brasil. A partir de ahí, el escándalo no se detuvo y empezaron a surgir tramas de corrupción en varios países de la región.
Una de las consecuencias de los destapes de corrupción generalizada, en enero de 2017 el Estado peruano opta por resolver el contrato con Odebrecht en torno al proyecto Gasoducto del Sur Peruano porque la empresa no pudo conseguir el cierre financiero al finalizar el plazo contractual para tal fin y tras dos magnánimas prórrogas otorgadas por el Estado. Ese mismo mes, una consecuencia de lo anterior, el Perú hace efectiva una penalidad por incumplimiento de contrato que ascendió a 262 millones de dólares y al mes siguiente se termina la concesión.
El gobierno del Perú tomó distancia de una empresa que reconoció estar sumergida en una trama internacional de corrupción. Ese tipo de decisiones, lamentablemente, quedaron ahí y no siguieron las acciones de aseguramiento con embargos, intervenciones, prisiones preventivas a ejecutivos brasileros y otras medidas similares para evitar mayor daño a los recursos públicos del Perú. Por el contrario, se le brindo espacio a la autodeclarada corrupta empresa para que pueda respirar, venda incluso sus activos en el país, incluso perjudicando a proveedores nacionales y así se perdió la palanca para exigir cooperación realmente eficaz.
El 28 de abril de 2017, la empresa Estudios Técnicos S.A. se adjudicó la buena pro para custodiar y administrar temporalmente los bienes del proyecto Gasoducto del Sur Peruano por un monto de 46 899 003 dólares. Estos son costos que el Perú le debe cobrar a Odebrecht, los activos en custodia le pertenecen al Consorcio y a ellos les corresponde su preservación.
Ya para 2018, las empresas que forman parte del consorcio que se adjudico el proyecto empiezan con los reclamos y anuncios de arbitrajes. No era novedad tal probabilidad.
El área de influencia del proyecto abarca las regiones de Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna, y a pesar de que las personas tienen que ser especialmente confiadas para instalar tuberías de gas natural en las paredes o suelos de sus viviendas, habiendo sucedido múltiples casos en otros países donde las deflagraciones de gas en algunos casos han comprometido a varias manzanas de zonas urbanas, las aplicaciones industriales son interesantes, incluyendo el desarrollo de un polo petroquímico, aunque habrá que analizar su rentabilidad contra los abultados montos de inversión que se llegaron a plantear.
Lamentablemente, a pesar de la levedad del accionar de las autoridades peruanas con los ejecutivos brasileros, posteriormente se comprobó que los ejecutivos de Odebrecht no estaban siendo del todo sinceros con las autoridades peruanas. En buena parte por la falta de palanca para exigir veracidad.
En junio del año pasado, periodistas ecuatorianos del portal La Posta revelaron que lograron tener acceso al sistema informático de coimas de Odebrecht. Por la gravedad de los descubrimientos, informaron rápidamente al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En declaraciones recogidas por el diario El Comercio, el periodista ecuatoriano Andersson Bocán señaló que “Odebrecht no fue sincera y lo expuesto revela que entregó de manera selectiva la información a las autoridades”. Las coimas también abarcan al proyecto Gasoducto del Sur Peruano.
El portal Convoca.pe señala que en el marco del proyecto Gasoducto del Sur Peruano se han realizado 17 pagos por más de tres millones de dólares en sobornos. Los montos asignados a tales sobornos están registrados en la plataforma informática secreta Drousys.
En julio y septiembre del año pasado, Covoca.pe y el diario local Gestión, respectivamente, daban cuenta de las declaraciones del fiscal coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, que señalaba que la constructora Odebrecht ha aceptado haber pagado sobornos por el proyecto Gasoducto del Sur Peruano.
Ante la comprobada selectividad en la cooperación de Odebrecht con el Perú es evidente que las autoridades debieron embargar a las empresas involucradas en el proyecto, intervenir sus administraciones, evitar perjudicar a proveedores nacionales, colocar en prisiones preventivas a ejecutivos de las empresas involucradas y desde ahí arreglar su cooperación, no se les ha debido permitir a las empresas vender sus activos en el Perú, tampoco que los ejecutivos brasileros vendan sus propiedades y huyan del país, no se le ha debido devolver a Odebrecht los 524 millones de soles que reclamaba Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, no se ha debido subordinar las investigaciones a lo que se halle en Brasil puesto que cada país tiene sus propios intereses y prioridades, la colaboración eficaz no debe incluir a cabecillas sino que se realiza para aprehender a los cabecillas, las concesiones en marcha de estas empresas deben ser intervenidas para buscar compensación económica al Estado por daños y perjuicios, incluyendo por cierto a los peajes corruptos que aún están en actividades y agravan diariamente los bolsillos de la población.
Sin embargo, el asunto no queda allí, la ex procuradora ad hoc del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, aseveró en declaraciones realizadas en septiembre pasado a Canal N que la compañía brasilera no ha entregado al Perú una copia espejo de toda su información interna, como sí tienen Brasil, Estados Unidos y Suiza. Días atrás, el portal Convoca.pe informó que Odebrecht obstruye en Suiza el envío al Perú de la base de datos original de su División de Operaciones Estructuradas, la unidad de la empresa donde se gestionaban los sobornos. La empresa suiza Safe Host tiene los archivos originales de las plataformas My Web Day y Drousys donde se almacenan datos sobre los pagos ilegales que ha realizado la constructora brasilera. Odebrecht ha presentado recursos legales para demorar – por meses, tal vez años – su entrega al Perú con el argumento de tener derecho a revisar que la información que se entregue corresponda a actividades realizadas en el país solicitante y no a otro.
Es nuestro entender que Perú es el único país en Latino América que le ha devuelto fondos a Odebrecht y no contenta con ello la empresa brasilera va por más.
Lamentablemente, otra vez, el asunto no queda allí, tras la demanda presentada en el Ciadi, Odebrecht ha emitido un comunicado hace un par de días en el que anuncia su disposición de suspender y eventualmente cancelar dicho arbitraje si el gobierno del Perú accede a reiniciar el proyecto Gasoducto del Sur Peruano con otro contratista. La finalidad sería recuperar sus gastos iniciales y la empresa llega a afirmar que ello no tendría costos para el Estado. Puede revisar el lector líneas arriba el abultado costo total del proyecto: 7328 millones de dólares.
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