– Solicita su destitución e inhabilitación por diez años por infracciones recurrentes a la Constitución

maquina-de-combate.com – La aguerrida congresista Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por haber implantado un inconstitucional toque de queda el pasado 5 de abril en las ciudades de Lima y Callao que además generó el rechazo generalizado de la población que se convirtió en una de las protestas más grandes de los últimos 20 años.

Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, la congresista Chirinos ha formulado una denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones por infracción a los artículos 2 Incisos 11, 12, 22 y 24, Art. 39, Art. 44, Art. 118 Inciso 4 y Art. 137 Inciso 1 de la Constitución Política del Perú.

La denuncia constitucional solicita la destitución de Pedro Castillo y su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un período de diez años.

En los fundamentos de hecho de la denuncia se señala que minutos antes de la medianoche del 4 de abril, Pedro Castillo anunció que “el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2:00 am hasta las 11:59 pm del día 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales. Mediante la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano se publicó el Decreto Supremo N° 034-2022-PCM que modifica el artículo 2 del Decreto Supremo N! 025-2022-PCM e impuso el toque de queda para el 5 de abril, suspendiendo el ejercicio de diversos derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y libertad de reunión.

En la denuncia constitucional se señala que “resulta evidente que el presidente de la República no solo viene infringiendo nuestra Constitución de manera recurrente, sino que también muestra un manejo deplorable de la crisis y la consecuente convulsión social, hecho que se refleja con sus medidas irracionales, innecesarias y desproporcionadas, que atentan contra la integridad y vida de todos los peruanos”.

Agrega que “tales actos afectan directamente la investidura presidencial, porque es el mismo presidente quien está actuando en contra de lo que se establece en la Constitución Política del Perú respecto de las atribuciones del mandatario”.

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