Perú – Día 0253: Iladyg califica de abuso de poder el toque de queda que intentaron imponer Castillo y sus ministros
– Sostiene que es necesaria la investigación, procesamiento y sanción vía acusación constitucional contra los responsables políticos
maquina-de-combate.com – El Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Gobierno (Iladyg) ha emitido un comunicado de fecha 07 de abril de 2022 en el que califica de inaceptable abuso de poder el intento del régimen de Pedro Castillo de imponer un toque de queda el reciente 05 de abril en Lima Metropolitana y el Callao.
Iladyg sostiene que es necesaria una investigación, procesamiento y sanción de los responsable política de la injustificada medida de fuerza.
A continuación, el comunicado del Iladyg:
COMUNICADO
El ILADYG ante los graves sucesos que han conmocionado a las ciudades de Lima y Callao, provocando la más extensa y enérgica protesta ciudadana de los últimos tiempos, se encuentra en la obligación de expresar a la opinión pública lo siguiente:
1. Entre los deberes primordiales del Estado está el de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. El Gobierno y el Presidente de la República han incumplido el mandato de no restringir ni suspender el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, salvo situación de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, y con estricta sujeción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
2. La aprobación por el Consejo de Ministros de un toque de queda durante el día 5 de abril de 2022 es una restricción extrema de los derechos fundamentales a la libertad de movimiento, de empresa, al trabajo, carente de justificación y, por tanto, configura un inaceptable abuso de poder que con toda razón desató el más enérgico y homogéneo rechazo ciudadano en las ciudades de Lima y Callao y una generalizada desobediencia civil que condujo al anuncio presidencial de su inmediata derogación.
3. La infracción de los deberes constitucionales y la ausencia de garantías de la plena vigencia de los derechos humanos, el incumplimiento de la Constitución, al más alto nivel político debe ser objeto de investigación, procesamiento y, de sanción por la vía del proceso de acusación constitucional contra los miembros del Consejo de Ministros,responsables políticos de este acto de fuerza injustificable. El Parlamento debe asumir este acto concreto de fiscalización determinando un precedente que impida la repetición de desvíos de poder que tiendan a frustrar el logro del fin supremo de la sociedad y el Estado que es la defensa de la persona humana y de su dignidad.
4. El gobierno está obligado a proteger el orden interno, pero no a costa de vulnerar los derechos humanos- Podría haber recurrido al Sistema de Defensa nacional sin afectar como lamentablemente sucedió la economía del país, y los ingresos de las personas que viven día a día. Asimismo, el ILADYG lamenta que la ineficiencia de este gobierno haya generado muertos y heridos que nunca debieron producirse, expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, entendemos la indignación de la población y exigimos la pronta solución de sus demandas por un cambio en la gestión del Ejecutivo.
Jueves 07 de abril del 2022
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