Según su plan de gobierno

maquina-de-combate.com – El grupo político Alianza para el Progreso compite en la carrera hacia las elecciones generales de abril próximo para determinar quien ocupará la denominado silla de Pizarro y administrará el Perú en el período 2021-2026. Su plancha presidencial la lidera César Acuña Peralta como candidato a la Presidencia del Perú, María del Carmen Omonte como candidata a la primera Vicepresidencia y Luis Iberico Núñez como candidato a la segunda Vicepresidencia.

En el Plan de Gobierno 2021-2026 “Renovación para el Progreso Popular está conformado por seis secciones. A su vez, la sección III Revolución de la Democracia la componen cinco puntos, siendo el cuarto la Reforma del Sistema de Seguridad Nacional.

El punto Reforma del Sistema de Seguridad Nacional va desde la página 43 a la página 48, empezando por un diagnóstico general. Sostiene el plan de gobierno que en los primero 20 años del siglo XXI, en el Perú se ha experimentado un debilitamiento estructural, siendo el más importante el debilitamiento de la economía formal, originado por crecientes restricciones a la libertad económica. Se ha ido instalando paulatinamente una interpelación a la Policía, a las instituciones del orden del Estado, al empresariado y a la inversión privada.

La seguridad nacional ha dejado de funcionar con eficacia porque no se ha evolucionado frente a las nuevas amenazas. La capacidad de corromper que tiene el narcotráfico debilita distintos poderes del Estado y hasta financia el terrorismo. El narcotráfico desbalancea el sistema financiero con el lavado de activos e incursiona en otros negocios ilícitos como escudo de protección social.

No hay un lenguaje técnico común a todas las fuerzas para permitir el intercambio de conocimientos, no hay protocolos de coordinación de la Policía con las fuerzas auxiliares de seguridad (serenazgos y vigilantes privados). La legislación anti-terrorista no está actualizada a las características de este crimen.

El Objetivo estratégico central es contar con un nuevo Sistema de Seguridad Nacional. Alianza Para el Progreso propone la reestructuración de la seguridad nacional, comenzando con la formación de un Nuevo Sistema de Seguridad Nacional (SSN), una instancia central que analice y coordine la compleja interrelación de la seguridad del Perú, desde la seguridad ciudadana hasta la seguridad del Estado.

Seguridad Ciudadana
La seguridad de los ciudadanos se ha deteriorado aceleradamente y el Estado peruano falla en la provisión de seguridad. No existen datos y mapas de interconexiones del crimen. La Policía Nacional del Perú presenta falencias administrativas en la gestión del personal y en el servicio mismo. Las comisarías no están bien organizadas y no dan un buen servicio. No existe un patrullaje efectivo ni una buena integración con la población.

El Objetivo Estratégico 1 en materia de seguridad ciudadana es fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.

Entre sus indicadores destacan la intención de aprobar una ley que permita la reforma profunda de la Policía, permitiendo que los efectivos que no sean idóneos pasen a retiro. Fortalecer la unidad de investigación de la Inspectoría general del Ministerio del Interior a fin de identificar bandas de policías vinculadas al crimen organizado.

Establecer en la Policía un sistema de ascensos meritocrático basado en el desempeño y no en la amistad o la compadrería. Elaborar el reglamento de evaluación de desempeño y aumentar el coeficiente destinado a la evaluación de desempeño.

Reformar y fusionar las Escuelas de la Policía Nacional del Perú (PNP) en un número menor para elevar los niveles profesionales e impedir el ingreso de elementos que resulten inconvenientes.

Diversas funciones administrativas como logística, infraestructura, mantenimiento de equipos deberían estar en manos del Ministerio del Interior o en su defecto de gerentes públicos civiles dentro de la Policía, para reducir espacios de corrupción y no distraer a oficiales de la Policía en tareas administrativas.

Tercerizar el mantenimiento de las comisarías y de los equipos, vehículos, etc. La flota de patrulleros deberá ser alquilada mediante el sistema de renting, en lugar de adquirida. Asimismo, tercerizar la inversión y el mantenimiento de todos los servicios digitales y de telecomunicaciones de la PNP.

Tercerizar mediante Asociaciones Público privadas (APP), el cierre de brechas de infraestructura y equipamiento de las Comisarías, incluyendo el mantenimiento y renovación de equipos.

Modernizar las Comisarías y sistematizar la gestión de la información. Reestructurar la PNP para destinar un mayor número de efectivos a las Comisarías y redistribuir este personal a distritos periféricos. Actualmente, 2/3 del personal está en las sedes centrales PNP, en las ocho Regiones Policiales y las 24 Divisiones Territoriales.

Implementar la Policía Comunitaria en coordinación con los alcaldes y las juntas vecinales.

Firmar convenios con las Municipalidades Distritales para distritalizar la justicia penal en Lima, llevando a cada distrito a uno o más fiscales y jueces, y su respectiva carceleta, para aplicar justicia inmediata con penas menores (desde dos días de reclusión) y eliminar la sensación de impunidad.

Tercerizar la implementación de un sistema de laboratorios.

Concretar el expediente único desde la PNP hasta el Poder Judicial, integrando las respectivas plataformas electrónicas.

Rebalancear las atribuciones de la PNP en relación a las responsabilidades de los fiscales. Brindar mayor flexibilidad a la PNP para actuar sin esperar la orden del fiscal cuando este no está disponible, con cargo a darle cuenta de lo actuado. La PNP debe ppoder interrogar a un detenido apenas es intervenido, aunque el fiscal no esté presente, siempre y cuando esté el abogado defensor, haya testigos o el interrogatorio sea filmado.

Mejorar los índices de crímenes perpetrados. Mejorar el proceso de denuncia con certificado en línea (Certificado con código QR). generar estadística confiable de Tasa de Consumo de drogas por habitante, rango de edades, zona geográfica de residencia, ocupación del consumidor y tipo de drogas.

Reducir la delincuencia urbana y aumentar el nivel de confianza en la PNP, desde el 32% a un 40%.

Seguridad Pública
El debilitamiento de los valores estructurales de la democracia en lo que respecta a la seguridad publica genera un crecimiento de las expectativas de bloqueos de rutas, huelgas y manifestaciones que interrumpen el libre tránsito e incluso pueden ocurrir sabotajes de servicios públicos, que repercute en la retracción de la inversión privada.

El objetivo Estratégico 1 es preservar el orden público y la paz ciudadana, garantizar la convivencia armónica de la población.

Entre los indicadores se menciona la necesidad de compilar y publicar la data de seguridad pública sobre bloqueos rurales y urbanos, destrucción del ornato público y privado, casos de sabotaje y saqueo, ataques cibernéticos, ataques financieros, enfrentamientos con la PNP (heridos y decesos), conflictos sociales y socio ambientales.

Se requiere la adquisición de equipos que sirvan de buscadores en la red para anticipar ataques cibernéticos y financieros, adquirir unan herramienta CSIRT para detectar ciberataques a tiempo. Tener a un grupo de profesionales de seguridad pública que constantemente levanten información, clasificándola para anticiparse a la comisión del delito.

 

Seguridad del Estado
En el diagnóstico se indica una vulneración sistemática de los valores estructurales en el Perú a partir de la segunda década del siglo XXI.

Los objetivos estratégicos son mantener actualizado el listado de actores que amenazan la seguridad del Estado, monitorear su accionar y su interconexión interna y externa, identificar señales que anticipen hechos de relevancia, prevenir hechos contrarios a la seguridad del Estado.

En los indicadores se menciona la necesidad de estructurar la Seguridad del Estado en base a seis puntos básicos: Gobiernos hostiles (incluye espionaje político y militar); Infiltración, debilitamiento institucional y subversión ideológica (el policía es malo/el criminal es bueno); actividades de agencias de inteligencia extranjeras; terrorismo; Ciberataque; Narcotráfico y producción aurífera ilegal; elaborar una ley para normar las tareas de seguridad del Estado; y recopilar data sobre armamentismo en países de la región (sobretodo en países vecinos), número del personal diplomático de países con representación en el Perú; número de personal extranjero en ONGs, fundaciones o institutos que estén en el Perú, desplazamiento de desempleados a oficios y territorios con actividades ilícitas, indicadores del terrorismo nacional actual y de grupos radicales, número de atentados, volumen de la economía ilegal del oro y narcotráfico, adquirir equipos para fortalecer la seguridad del Estado.

La tripulación de un avión de transporte militar mediano AN-32B de la Marina de Guerra del Perú se prepara para transportar a la ciudad de Iquitos, a finales de febrero pasado, una planta de oxigeno adquirida por los pobladores locales. Foto. Marina de Guerra del Perú

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