– Emite pronunciamiento que rechaza las recientes actitudes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, haciendo un llamado a movilizaciones en Lima

maquina-de-combate.com – El Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Gobierno (ILADyG) ha emitido un pronunciamiento en el que expresa su rechazo al llamado a movilizaciones que han realizado recientemente Pedro Castillo y el actual premier Aníbal Torres.

A continuación el comunicado indicado:

PRONUNCIAMIENTO
NO A LA VIOLENCIA TERRORISTA
SI A LA DEMOCRACIA Y A LA PAZ SOCIAL

El ILADyG, se dirige a la ciudadanía para expresar su rechazo al llamado a la violencia de Pedro Castillo Terrones, secundados por su primer ministro Aníbal Torres, en sus intentos de aferrarse al poder cuando la justicia lo alcanza con investigaciones por corrupción. En este sentido señalamos lo siguiente:

1. Que el Congreso de la República no puede ignorar ni pasar por alto esta amenaza contra la democracia, la seguridad y la paz social y le corresponde denunciar constitucionalmente al presidente de la República por poner en riesgo a la población a la cual está obligado a proteger y dar seguridad.

2. Que la incursión de la Fiscalía en Palacio de Gobierno no se debe a ninguna persecución política ni ideológica y ha sido claramente motivada por las revelaciones de altos funcionarios que han dado detalles de la corrupción del gobernante y de su entorno más cercano.

3. Que en los luctuosos años ochenta y noventa el Perú debió enfrentar la violencia de Sendero Luminoso y el MRTA en una guerra declarada contra el Estado peruano y sus instituciones con altísimo costo humano y de infraestructura insanamente destruida por afanes de dominación y control. No queremos terrorismo nuevamente en nuestro país. Denunciamos que el gobierno de Castillo Terrones une a su inoperancia y manejo corrupto, su evidente vinculación con dirigentes terroristas entre quienes distribuye altos cargos en el Estado para sus objetivos de confrontación y división de los peruanos.

4. Que el delito de Terrorismo está definido en el Código Penal en su Artículo 288 que dispone que “Aquel que, con su propósito de provocar o mantener en estado de zozobra, alarma o terror en la población o un sector de ella; cometiera actos que pudieren crear peligro para la vida, la salud o el patrimonio de las personas o encaminados a la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados, vías y medios de comunicación o transporte o de conducción de fluidos o fuerzas motrices u otras análogas, valiéndose de medios capaces de provocar grandes estragos o de ocasionar grave perturbación de la tranquilidad pública o de afectar las relaciones internacionales o la seguridad del Estado, será reprimido con penintenciaría no menor de quince años o internamiento”.

5. Que está claro que quien induce al terrorismo deberá ser sancionado y que al permitir esta conducta se pone en peligro a la población civil, a las fuerzas armadas y policiales y a las instituciones. Al punto que las amenazas de Pedro Castillo han motivado pedidos de garantías y de protección de instituciones tutelares como el Congreso y la Fiscalía de la Nación.

6. Que como bien ha denunciado la congresista y jurista, Gladys Echaiz, el presidente ha llamado al terrorismo a sabiendas que por las pruebas que lo incriminan podría ser vacado por el Congreso. La autoridad moral es la base de la representación popular y Castillo Terrones la ha perdido. Su directo, personal y desesperado llamado a la violencia es una confesión de culpabilidad. Las instituciones y el Estado de Derecho deben responder.

Lima, 16 de agosto 2022

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