ONU: La situación económica y social en Venezuela se deteriora rápidamente

– Continúan presuntas ejecuciones extrajudiciales por las FAES
– Casos documentados de torturas a militares

maquina-de-combate.com – La crisis en Venezuela se agrava con el rápido deterioro de la situación económica, social y humanitaria de la población, con cada vez más ramificaciones desestabilizadoras en la región.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ha actualizado el día de hoy su reporte sobre la situación económica, social y humanitaria en Venezuela.

Desde la presentación del reporte original, el pasado 5 de julio, la crisis humanitaria venezolana continúa afectando la vida de millones de personas en el país petrolero. La entidad de la ONU ha reabierto una oficina en la ciudad de Caracas y desde junio se ha logrado la liberación de 83 personas, se ha podido visitar el centro de detención de Ramo Verde, aunque existen personas indebidamente recluidas.

El régimen venezolano ha establecido un mecanismo para tratar cada caso de manera individual y se han tomado algunas medidas para atender la salud de algunos detenidos.

La economía venezolana experimenta el período más severo de hiperinflación que la región haya jamás visto, afectando la capacidad de la población para adquirir alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. El salario mínimo vital equivale a 2 dólares al mes, en comparación a los 7 dólares que valía en junio de este mismo año. Una familia necesitaría ganar 41 veces el salario mínimo para cubrir la canasta básica familiar.

Continúan las severas interrupciones en el flujo de servicios públicos, en el Estado de Zulia es particularmente crítico el suministro de electricidad y se ha exacerbado la escasez de combustible en las afueras de Caracas.

Caritas ha reportado en junio un 35% de malnutrición crónica en niños debajo de los cinco años de edad en las zonas más pobres de 18 Estados, no existe suficiente acceso a medicinas para más de 400 000 personas sufriendo enfermedades crónicas. Una de las pocas buenas noticias es que la Organización Panamericana de la Salud ha reportado un incremento en el suministro de vacunas para la polio, sarampión y difteria.

La oficina de la ONU continúa documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) en algunas áreas de Venezuela. Durante julio de 2019 se han identificado 57 casos de presuntas ejecuciones. La ONU no ha recibido información sobre alguna medida implementada para disolver la FAES y prevenir las ejecuciones extrajudiciales, y por el contrario esta unidad ha recibido el soporte de altos niveles del régimen venezolano.

Entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad han sido sentenciados por violaciones a los derechos humanos, pero se desconoce el tipo de violaciones, el instituto de seguridad al que pertenecen los sentenciados y el perfil de las víctimas.

La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, expresa su preocupación por la incrementada presencia de militares en territorio de los indios pemones, por recientes casos de violencia contra los indígenas, incluyendo la muerte en julio de dos jóvenes warao, presuntamente a manos de agentes de las FAES, así como las muertes de una mujer warao, una niña de seis años y de un líder indígena curripaco en el Estados Amazonas, presuntamente causadas por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

También se expresa preocupación por el impacto ambiental de la explotación de oro, diamante, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orínoco.

Desde julio de este año, la denominada Asamblea Nacional Constituyente ha levantado la inmunidad de otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, aumentando a 24 el número de diputados afectados por tal medida, incluyendo a su presidente. Dos parlamentarios están actualmente con medida de detención preventiva a la espera de juicio.

La oficina de derechos humanos de la ONU ha documentado casos de tortura y malos tratos físicos y psicológicos con miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. La autopsia del capitán Acosta Arévalo, fallecido el 29 de junio pasado estando en custodia de las autoridades, reveló que había sufrido golpes múltiples, tenía múltiples moretones, heridas, quemaduras, 15 costillas rotas, nariz fracturada y pie derecho fracturado. Las autoridades venezolanas han informado que dos agentes de la DGCIM han sido detenidos y acusados de asesinato en segundo grado pero no por cometer actos de tortura.

Más de 4.3 millones de venezolanos han abandonado su país y la ONU saluda los esfuerzos realizados por los países anfitriones para albergar a refugiados y migrantes, aunque expresa su preocupación por casos de xenofobia en algunos países de la región.

Por otro lado, estimaciones no oficiales proyectan que el número de migrantes venezolanos se puede duplicar en los próximos años si el régimen venezolano o la entidad que le suceda no adopta medidas urgentes para recuperar la interacción entre la oferta y la demanda en el mercado interno, abandonar el control de precios, cesar la intervención excesiva en el mercado cambiario (evaluar la dolarización de la economía, que ya es un hecho informal, al menos de manera temporal hasta que la crisis amaine), recuperar el respeto a la propiedad privada (devolver propiedades a sus legítimos dueños), promover la libre empresa y la libertad de expresión en Venezuela.

Con información de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas