Perú reconoce a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela

– A pesar de la pretensión de Nicolás Maduro de perennizarse a como de lugar como inquilino precario del Palacio de Miraflores.
– Informe de la OEA señala que el proceso electoral venezolano estuvo repleto de irregularidades, antes, durante y después del mismo.

Venezuela – Día 0001 – El gobierno del Perú se ha constituido en el primer país en reconocer al candidato Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras unas elecciones repletas de irregularidades por parte de las autoridades electorales y de la dictadura que ocupa la casa de gobierno en la ciudad de Caracas, más conocida coo Palacio de Miraflores.

De acuerdo a las actas electorales recabadas y digitalizadas por el movimiento ciudadano que ha buscado transparentar el proceso electoral celebrado el 28 de julio, un movimiento liderado por María Corina Machado, el candidato Edmundo González ha ganado con amplia mayoría, obteniendo al 81% de las actas electorales contabilizadas, más del doble de votos que Nicolás Maduro.

Sobre el reconocimiento oficial de Edmundo González como legítimo presidente electo de Venezuela, el canciller del Perú, Javier González-Olaechea, afirmó en declaraciones a RPP Noticias que «es evidente que la voluntad de fraude existe (por parte del oficialismo venezolano). El señor González es el presidente electo de Venezuela, esa es la posición del gobierno peruano y la de muchos organismos internacionales». El gobierno peruano no ha descartado además catalogar al régimen encabezado por Nicolás Maduro como un gobierno de facto, lo que se concretaría a partir de 2025 si no se realiza la correspondiente transferencia de mando a Edmundo González. «Hasta que termine su mandato es un presidente, al final del mandato se convertiría en un gobierno de facto», comentó el canciller peruano sobre la resistencia de Maduro a iniciar la entrega de la Presidencia de Venezuela al legítimo vencedor de las elecciones generales.

Al centro, el presidente electo Emundo González, y a su izquierda María Corina Machado. Foto: Cuenta de X de Edmundo González

Incluso la Oficina del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), tan inútil en la mayoría de los casos, ha reconocido el cúmulo de irregularidades sucedidas durante el proceso electoral y al respecto ha emitido el siguiente comunicado:

Informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para
el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA sobre la elección presidencial de Venezuela para el
Secretario General Luis Almagro

30 de julio de 2024

El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera que, en las circunstancias actuales, no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclaman ganador a Nicolás Maduro en la elección presidencial del domingo 28 de julio en la República Bolivariana de Venezuela.

Más de seis horas después del cierre de la votación, el CNE realizó un único anuncio en conferencia de prensa, indicando que había procesado el 80% de las mesas de votación y declarando ganador al candidato oficialista, sin otorgar el detalle de las mesas procesadas, sin publicar las actas y brindando únicamente los porcentajes agregados de votación que habrían recibido las principales fuerzas políticas.

El CNE falsamente calificó estos datos como “irreversibles”. Las cifras publicadas en el canal oficial revelaron, además, errores aritméticos.

Los eventos de la noche de la elección confirman una estrategia coordinada, que se ha venido desplegando durante los últimos meses, para vulnerar la integridad del proceso electoral. La suma de diversos elementos imposibilita otorgarle reconocimiento democrático a las cifras oficiales: la opacidad del CNE y su resistencia a la observación nacional e internacional, la extrema inequidad en la contienda, la intimidación y la persecución política, la supresión de candidaturas, los ataques a la prensa y al derecho a la información, la demora en la apertura de centros de votación y en la divulgación de los resultados, la renuencia a permitir el ingreso de testigos de las fuerzas de la oposición a las mesas y centros de votación o entregarles la copia del acta de escrutinio, la suspensión en la transmisión de resultados desde distintos centros de votación, la interrupción del servicio de la página del CNE desde la noche del domingo, el anuncio de un supuesto hackeo al sistema de transmisión sin aportar prueba alguna y, sobre todo, la contradicción entre los porcentajes anunciados y los ejercicios de verificación ciudadana que se hicieron públicos al concluir el escrutinio, que además coincidían con los muestreos y encuestas de boca de urna que aplicaron metodologías técnicas.

Desde antes de la jornada electoral, la elección presidencial se había caracterizado por una sucesión de obstrucciones arbitrarias al ejercicio del sufragio activo y pasivo, en la forma de artilugios ilegales, intimidación, violencia, detenciones, expulsiones, inhabilitaciones, trabas burocráticas, uso electoral del aparato estatal y otro arsenal de obstáculos a la manifestación libre de la voluntad popular. Estas acciones buscaron inclinar la balanza a favor del oficialismo, desalentar y amedrentar a la oposición, engañar y confundir al electorado y, en general, burlar la normativa electoral y los acuerdos alcanzados en un amplio proceso de negociación con acompañamiento internacional. Desafortunadamente, los esfuerzos del oficialismo por controlar el proceso electoral no cesaron el 28 de julio, sino que más bien se intensificaron al cierre de la votación.

Desde las vísperas de la elección y durante toda la jornada, millones de venezolanos acudieron a las urnas de forma pacífica y masiva, dentro del país y en distintas ciudades en el exterior.

A pesar de que menos de 70 mil personas estaban habilitadas para votar en el extranjero, de un electorado potencial de alrededor de cinco millones, la Venezuela migrante se hizo presente en manifestaciones y concentraciones en varias partes del mundo. Aunque no pudieron ejercer su voto, sí ejercieron su voz con convicción. El cuestionable comportamiento del gobierno y del CNE resulta especialmente lamentable frente al entusiasmo ciudadano demostrado en esta elección.

Durante las últimas décadas, la OEA ha puesto al servicio de las democracias del Sistema Interamericano el despliegue de Misiones de Observación Electoral (MOE), a partir de una rigurosa metodología que busca velar por el cumplimiento de la legislación electoral de cada país y emitir recomendaciones para la mejora continua de los procesos eleccionarios. En Venezuela, la OEA desplegó 11 MOE desde 1992 y hasta 2006, fecha en que el organismo recibió la última invitación para observar en territorio venezolano.

No obstante, la Organización ha continuado monitoreando la realidad político-electoral venezolana y ha emitido una serie de pronunciamientos en torno al progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática del país. En el marco del actual proceso electoral, la Secretaría General de la OEA condenó la persecución política de líderes opositores y en particular la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, ganadora de las primarias de la principal alianza opositora y candidata puntera en las encuestas.

En cumplimiento del mandato de protección y promoción de la democracia y los derechos humanos de la OEA, a continuación se presenta un informe en torno al proceso del 28 de julio de 2024, con base en fuentes primarias y secundarias que incluyen conversaciones directas con figuras clave del proceso, análisis de la normativa electoral, incidencias y hallazgos recabados por iniciativas de observación nacional y organizaciones de la sociedad civil, comunicaciones públicas de actores políticos e institucionales, información difundida a través de los medios de comunicación y de las redes sociales,
entre otros.

Aunque este documento no equivale a un informe de observación electoral — en tanto la OEA no tuvo presencia en territorio venezolano, ni pudo implementar las metodologías correspondientes — el análisis se basa en criterios técnicos, estándares internacionales y buenas prácticas, así como en la experiencia acumulada en la observación de cientos de elecciones en todo el Hemisferio Occidental. El documento abarca la etapa preelectoral y la jornada de votación, incluyendo el escrutinio y difusión de los resultados. Asimismo, se realiza un recuento de las irregularidades técnicas y jurídicas evidenciadas en estas fases del proceso.

Debido al contexto de represión, detenciones arbitrarias, censura, e intimidación que se vive en Venezuela, algunas de las asociaciones que generaron información verificable y valiosa y que han entregado datos a la OEA han solicitado mantenerse en el anonimato. El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA (DECO) desea agradecer y felicitar la convicción democrática de estas asociaciones, que en un ambiente de represión y hostilidad han decidido continuar
luchando por la democracia venezolana. El DECO ha triangulado la información brindada para verificar su confiabilidad y veracidad.

El presente informe lo elaboró el área técnica en materia electoral de la Secretaría General con el fin de
informar al Secretario General sobre lo ocurrido durante el proceso electoral llevado a cabo en la
República Bolivariana de Venezuela.

Si quiere leer el informe completo, haga click en el siguiente enlace: Informe

 

 

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