– Por haber archivado denuncia contra Martín Vizcarra y ministros por la compra y uso de las pruebas serológicas durante la pandemia del Covid-19 como medio de detección del virus. Debieron usar pruebas moleculares.

Perú – Día 0026 – La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por haber archivado la denuncia que se venía tramitando en el Ministerio Público contra el expresidente Martín Vizcarra y varios de sus exministros por la compra y uso de pruebas serológicas (pruebas rápidas) como método de detección del Covid-19 en plena pandemia.

Es menester anotar que la exministra de Salud Elizabeth Hinostroza se opuso al uso de las pruebas serológicas y recomendó el uso de pruebas moleculares. Poco tiempo después fue reemplazada por Víctor Zamora.

En e texto de la denuncia constitucional presentada por la congresista Chirinos se puede leer: “Formulamos denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, por infracción de los Artículos 39° y 159° de la Constitución Política del Perú, y por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales, solicitando su inhabilitación de la función pública por 10 años y su procesamiento penal”.

Además, en la denucia constitucional se considera que el archivamiento de la denuncia contra Vizcarra y ministros es un “acto ilegal” que no proporciona “una explicación detallada y fundamentada, socavando la confianza pública en el sistema de justicia y en la capacidad del Ministerio Público para actuar de manera imparcial y efectiva. La falta de transparencia en la decisión de archivar puede ser considerada una infracción a los principios de rendición de cuentras que deben regir en las actuaciones del Ministerio Público”.

Al respecto, en otro párrafo de la denuncia constitucional se lee que: “el fiscal de la Nación en su calidad de funcionario público, tomó la decisión de archivar una investigación crucial sin realizar un análisis exhaustivo y fundamentado, lo que puede interpretarse como un abuso de sus atribuciones. Su deber es defender la legalidad, asegurar la transparencia y promover la rendición de cuentas, especialmente en casos que afectan la salud pública y el bienestar de la ciudadanía”.

“Por último, el perjuicio a terceros es evidente en este caso. La decisión de archivar la investigación impide la identificación de responsables y la implementación de medidas correctivas, afectando así a la población que confía en la eficacia y legalidad de las acciones del gobierno. La falta de una investigación adecuada sobre la compra de pruebas rápidas ineficaces durante una crisis sanitaria representa un grave perjuicio para la salud pública y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, dice en la denuncia constitucional.

Cabe indicar sin embargo que la adquisición de pruebas rápidas y su uso como método de detección del Covid-19 no es sino una de las tantas equivocaciones implementadas por el gobierno durante la pandemia del Covid-19, las que en su conjunto le han costado la vida a más de 200 mil peruanos, muchos de los cuales estarían hoy con vida sino fuese por la desastrosa implementación de medidas por más de una administración estatal del Perú. Como muy triste resultado, el Perú tuvo la tasa más alta de mortalidad durante la pandemia. La muerte de tantas personas no se debe pasar por agua tibia, de ninguna manera, y requiere de una investigación sería y detallada.

 

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