Perú inicia el camino para salir de la competencia contenciosa de la CIDH
– Por evidente sesgo en las decisiones del organismo, que afectan la soberanía nacional
maquina-de-combate.com – La Bancada de Renovación Popular le ha remitido un oficio a la Oficina de la Presidencia del Perú en el que le solicita a la presidente Dina Boluarte que inicie con carácter de urgencia el proceso para sacar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el evidente sesgo que ha demostrado en sus decisiones y pronunciamientos, en perjuicio de la soberanía del Perú.
A continuación, el oficio indicado:
Lima, 17 de febrero del 2023
Oficio N° 0020-2023/GPRP/CR
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República
Presente.-(S.E.)
De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla y al mismo tiempo expresarle la propuesta de nuestro Grupo Parlamentario Renovación Popular, para que el Poder Ejecutivo inicie con urgencia el procedimiento de denuncia de la Convención Americana y el consecuente retiro de nuestro país de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante los reiterados casos de pronunciamiento con evidente sesgo político en contra de los intereses nacionales y las verdaderas víctimas de violaciones de derechos humanos que ese organismo realiza desde hace años.
Renovación Popular ratifica que el concepto de soberanía nacional, en materia jurisdiccional, no puede estar sometido al arbitrio de una entidad extranjera, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos miembros son inmunes y no están sujetos a cualquier tipo de fiscalización, son designados mediante oscuros procedimientos manejados por las ONGs de izquierda. Por esta razón, es público que desde hace años sus fallos son más políticos que jurídicos.
Consideramos que le corresponde al Congreso de la República, apoyar las iniciativas de reforma y modernización de nuestro Sistema de Justicia, en cuyas instituciones radica el sustento de la autonomía e independencia jurisdiccional del Estado peruano, respecto de cortes supranacionales, que no favorecen el desarrollo y la prosperidad de los pueblos, sino por el contrario se encuentran en una permanente carrera por abrir heridas del pasado y propiciar la división entre peruanos.
Como usted sabe señora presidente, por mandato de la Constitución Política, el Perú es una República democrática, social, independiente y soberana (artículo 43). Al amparo del principio internacional del derecho a la autodeterminación, el Estado es autónomo jurisdiccionalmente, función que es ejercida independientemente por el Poder Judicial, conforme al artículo 138, y las instituciones que integran el sistema de justicia, órganos autónomos constitucionales, que actúan con independencia funcional, como el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, los servicios de Defensa Pública, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la justicia especial de las comunidade sindígenas, que actúan con estricto apego a la Constitución y la ley.
Por ello, sostenemos que la justicia peruana está preparada normativa, operativa y funcionalmente para actuar con autonomía jurisdiccional, pudiendo solucionar dentro del territorio nacional, todos los conflictos que se presenten con objetividad, imparcialidad, debido proceso y legalidad, nutriéndose de las buenas prácticas, experiencia y doctrina comparada.
Cabe indicar que nuestra justicia, con sus debilidades históricas y carencias, ha demostrado altos niveles de independencia y eficiencia. Prueba de ello es que el Perú es el único Estado en el mundo que, a través de procesos judiciales regulares y con todas las garantías del debido proceso, ha juzgado, condenado y privado de la libertad a más de cinco presidentes de la República, decenas de gobernadores regionales y centenares de alcaldes y servidores públicos por diversos delitos como corrupción de funcionarios, contra los derechos humanos, la libertad personal, contra el orden constitucional y el sistema democrático, entre otras, conductas delictivas sancionadas por el ordenamiento penal peruano.
Desde que el Perú firmó la Convención Americana de Derechos Humanos el 27 de julio de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos HUmanos el 21 de enero de 1981, los fallos de la referida Corte Supranacional contra el Estado peruano han demostrado parcialidad y desconexión con la brutalidad del terrorismo que afectó a nuestro país, cuya violencia cobró la vida de miles de personas, ocasionando pobreza, daños a la economía y el desarrollo del país.
Igualmente, motiva nuestro pedido de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, la necesidad de implementar medidas de política criminal, como la implantación de la pena de muerte en el ordenamiento penal peruano, para casos de delitos graves como el sicariato, violación de menores y terrorismo; dados los severos problemas de emergencia delictiva que afectan en la última década a nuestra sociedad, siend indispensable la adopción de medidas extremas acordes a estas peligrosas circunstancias.
Finalmente, señora presidente, y de acuerdo con el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados parte pueden denunciar este tratado siguiendo el procedimiento correspondiente, por constituir esta una cláusula facultativa. Para ello, se deberá presentar un año antes un preaviso ante la Secretaría General de la OEA.
Recordemos que existe un antecedente importante en esta materia, ocurrido el 8 de julio de 1999, cuando el gobierno expresó su voluntad de retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situación que no llegó a concretarse por falta de conocimiento, destreza y las presiones políticas internacionales, contra los operadores políticos y jurídicos de la época. Sin embargo, este antecedente denota la necesidad de tomar distancia definitiva de esta jurisdicción supranacional, por no representar los reales intereses nacionales.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle mi especial onsideración y estima.
Atentamente,
JORGE CARLOS MONTOYA MANRIQUE
Congresista de la República
Vocero
Grupo Parlamentario Renovación Popular
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