Marinos en retiro solicitan que Perú denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos, en salvaguarda de la soberanía nacional
– Tras nueva intromisión de la Corte IDH en asuntos internos del Perú.
Perú – Día 0048 – Los marinos en situación de retiro que se han congregado en el colectivo Unión Naval han emitido un pronunciamiento en el que exigen al Poder Ejecutivo del Perú, Congreso y Poder Judicial que defiendan de manera integral la soberanía del Perú y le den la prioridad debida al apoyo a la labor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en la custodia del orden interno.
Asimismo, solicitan que se denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos para salvaguardar la soberanía del Perú y seguramente regresar posteriormente al ámbito del Sistema Americano de Derechos Humanos con las debidas reservas que garanticen la independencia del Perú sobre influencias de instancias supranacionales.
Cabe indicar que el pronunciamiento de Unión Naval tiene la misma fecha, 5 de julio de 2024, que la carta remitida por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que deploran la resolución emitida por dicha corte el pasado 1 de julio. La carta fue contundente al recordarle su rol subsidiario al organismo supranacional.
A continuación, el pronunciamiento de Unión Naval:
PRONUNCIAMIENTO #12-24
ACTUEMOS EN DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍALos oficiales de la Marina de Guerra del Perú en situación militar de retiro que voluntariamente integramos la agrupación «Unión Naval», en el marco de nuestro PRONUNCIAMIENTO #11-24 «PREOCUPANTE AGUDIZACIÓN DE LA INESTABILIDAD», considerando los recientes hechos referentes a:
– Resultado de la segunda votación del Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
– Posición de nuestra Cancillería, de no permitir que países, organismos internacionales y ONG’s se entrometan en asuntos internos del Perú sin respetar su soberanía.
– Planteamiento del señor Ministro de Relaciones Exteriores, para que la «Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) pueda auditar contablemente al IDL-R (una ONG local) y las otras ONG’s de derechos humanos, para supervisar y controlar los montos y destino de aportes económicos que reciben.
– Disposición de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que declara fundada la demanda de amparo de dos (ex)miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ordena su reposición inmediata.
– Convocatoria del Tribunal Constitucional (TC) a audiencia con urgencia para evaluar demanda del Congreso contra el Poder Judicial por reponer a dos (ex)miembros de la JNJ.
– Fallo de la Corte IDH exigiendo al Estado peruano que «a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia» al Proyecto de Ley que dispone la prescripción de los Crímenes de Lesa Humanidad. Nota de Edición: No es que prescriban los delitos de lesa humanidad, sino que no puede haber retroactividad en materia penal, a menos que favorezca al reo, un principio legal que tiene vigencia desde hace más de 2000 años.
– Informe a la opinión pública del Primer Ministro referido a que el fallos de la Corte IDH, fue abordado en sesión del Consejo de Ministros, donde se le ordenó «tomar contacto con los líderes del Poder Judicial y Legislativo» para coordinar y emitir una respuesta conjunta en la que se manifieste «el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional».
Manifestamos que, si bien existen actitudes iniciales por parte de algunas entidades y autoridades de los tres poderes del Estado, que responden al estricto cumplimiento de sus funciones en defensa del Estado de Derecho, es mandatorio éstas se concreten con hechos tangibles mediante la dación de los dispositivos que se requieran, así como su enérgica y oportuna aplicación, de no hacerlo, favorecerá a los caviares socialistas y a la extrema izquierda, en su propósito de agravar la inestabilidad que vivimos, con especial énfasis en las actividades de alteración del orden público que tienen previstas para el presente mes.
Exigimos del Poder Ejecutivo, especialmente de la Presidencia de la República, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa e Interior, así com del Poder Legislativo y Poder Judicial, la defensa integral de nuestra soberanía, debiendo de considerarse la más alta prioridad al apoyo a la labor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en el ejercicio de sus funciones para controlar cualquier intento de alteración del Orden Interno, en donde seguramente los caviares socialistas buscarán que haya muertos para culpar a las autoridades militares, policiales y políticas, principalmente a la Presidente de la República, para insistir en su destitución y adelante de elecciones constitucionales.
Así mismo, corresponde, en salvaguarda de la soberanía e independencia del Perú, que la Presidencia proceda a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, siguiendo los procedimientos que contempla nuestra legislación, pues las actitudes que se arroga la Corte IDH sin inaceptables y ofensivas para un país soberano como es la República del Perú.
Lima, 5 julio 2024
Copyright @ maquina-de-combate.com
