Carta abierta de la Defensoría del Pueblo a la Presidencia de Perú

Campaña de respuesta a la propagación del nuevo coronavirus

maquina-de-combate.com – La Defensoría del Pueblo ha remitido una carta abierta a la Presidencia de la República del Perú en la que expresa sus puntos de vista sobre las medidas a implementar en la campaña de respuesta contra el nuevo coronavirus. A continuación reproducimos la carta en mención. Comentarios entre paréntesis:

Lima, 18 de agosto de 2020

Carta Abierta

Señor
Martín Vizcarra Cornejo
Presidente de la República
Presente.-

Desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en territorio peruano a principios de marzo, el gobierno dispuso con prontitud un estado de emergencia nacional con medidas extremas para evitar el contagio masivo entre la población, como el confinamiento estricto, el cierre total de fronteras y el toque de queda. Este régimen de excepción que debía ser transitorio terminó prolongándose sucesivamente hasta mantenerse vigente hoy a nivel nacional, con mayores restricciones en ciertas regiones del país.

Cinco meses después de haber adoptado estas medidas, nos encontramos en el momento más crítico de la pandemia, con un sistema de salud colapsado, una extendida crisis social que afecta severamente los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, en su acceso a la alimentación, vivienda, educación, entre otras necesidades básicas, y el colapso del sistema económico, reflejado en la pérdida de más de seis millones de empleos a nivel nacional. A ello se suma, en las últimas semanas, un incremento acelerado del número de personas contagiadas, con más de medio millón de casos positivos, y más de 26 mil personas fallecidas (esta es la cifra difundida como oficial, en el Sinadef se registran muchos más), que han colocado al Perú como uno de los países con peores resultados en la lucha contra el Covid-19, a nivel mundial.

Este lamentable escenario es también resultado de la clara deficiencia en la capacidad de gestión del Estado, en todos sus niveles de gobierno, particularmente en el regional, para enfrentar la pandemia – situación que la Defensoría del Pueblo advirtió en abril -, a lo que se suma la opacidad en el manejo de los portales de transparencia de la administración estatal, y la falta de información pública relevante, accesible, confiable y de calidad, brindada a la ciudadanía sobre el real impacto de esta crisis en la vida de los peruanos.

Resulta preocupante que la reciente decisión del gobierno de restaurar las restricciones de derechos que ya se habían levantado, entre ellos, la cuarentena total los días domingo a nivel nacional, se haya realizado sin una debida motivación que evalúe su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en disminuir la propagación del virus; más aún, si la medida ya se implementó y se probó fallida en sus objetivos. Todo Estado que restrinja derechos tiene la carga de probar que la afectación con ello ocasionada no es más perjudicial que el beneficio obtenido. La ciudadanía tiene derecho a saber si esta decisión se respalda en la mejor evidencia científica y a su vez, conocer qué otras alternativas se evaluaron.

Esta falta de transparencia en la toma de decisiones de la gestión estatal se expresa también en el desfase informativo del sistema nacional y regional que contabiliza el número de casos positivos, y de pérdida de vidas humanas, a causa del coronavirus. El incumplimiento del deber de las entidades estatales de suministrar información confiable para la toma de decisiones de las personas sobre su salud, como la ubicación de balones de oxígeno, los precios de los medicamentos o la disponibilidad de las camas UCI, no sólo ha obstaculizado el ejercicio de su derecho a la información y a la salud, sino que ha menoscabado la confianza en sus autoridades, y ha dificultado evaluar la efectividad de las políticas adoptadas para enfrentar esta pandemia. Asimismo, ha puesto de manifiesto la absoluta falta de competencia de instituciones claves como Susalud en garantizar la idoneidad en la prestación de estos servicios básicos.

En este contexto, sr. presidente, usted ha planteado en su discurso de 28 de julio, el llamado ‘Pacto Perú’, que convoca a las fuerzas políticas a fijar acuerdos mínimos en el marco del debate de las próximas elecciones generales. Sin embargo, la implementación de esta propuesta no se compagina con la necesidad que tenemos en el país de fortalecer las instituciones. Por ello, para la Defensoría del Pueblo, la iniciativa debe ser canalizada a través del existente Acuerdo Nacional, donde los partidos políticos, la sociedad civil y el gobierno ya tienen representación. En todo caso, lo que se necesita, con carácter de urgencia, es un pacto nacional, pero de otra naturaleza. Esto es, con las organizaciones sociales de base. La situación de contagio comunitario en la que nos encontramos exige una respuesta de autoprotección y defensa comunitaria, que el Estado debe articular.

En ese orden de ideas, urge apelar al tejido social del país conformado por distintas organizaciones sociales, que, en muchos casos, anteceden a los gobiernos locales y regionales. Estas han venido sustituyendo diversas prestaciones que el Estado ha fallado en brindar. A lo largo de la historia, se han constituido en espacios de soporte, cooperación y contención frente a innumerables desafíos que parecían infranqueables.

Las rondas campesinas, las juntas vecinales, los comités del Vaso de Leche, los clubes de madres, los comedores populares, las asambleas vecinales son ejemplos de resistencia comunitaria, de apoyo moral y económico, ante la falta de respuesta del Estado. Esta es la trama social que le hizo frente al terrorismo y a la crisis económica de los años 80s y 90s. La capacidad de encontrar respuestas y soluciones de estas comunidades permitirá contrarrestar mejor los embates de la pandemia. La crisis que nos rodea no es sólo sanitaria y económica, es también social. La principal tarea, por tanto, de la sociedad civil organizada recae en tres frentes: La prevención del contagio del virus, la gestión de la crisis alimentaria y la vigilancia ciudadana del cumplimiento de las obligaciones estatales.

En esa línea, frente al alarmante aumento de casos de contagios y personas fallecidas por Covid-19, así como el desborde del sistema sanitario, el primer eje requiere , en lo inmediato fortalecer las acciones de control y prevención del virus. Tal como lo propuso la Defensoría del Pueblo hace unos meses, es de vital importancia que el Estado realice una entrega universal, extendida y gratuita de mascarillas, y fomente su uso responsable a través de campañas de información. La autoprotección comunitaria exige de parte de los miembros de esta sociedad un compromiso real y permanente de cuidado personal, para así, garantizar el cuidado comunal.

En segundo término, y en la línea de entender la dimensión de la crisis social y económica que enfrentamos, urge responder a la crisis alimentaria a partir de la articulación de agrupaciones vecinales que permitan, a través de ollas comunes, impulsar acciones colectivas en beneficio de los hogares más vulnerables, para vencer el fenómeno del hambre. En este punto, no basta que el Estado active los comedores populares, debe crear un registro actualizado de ollas comunes y garantizar que las personas cuenten con los insumos necesarios para emprender esta tarea. En este esfuerzo, es indispensable la participación del sector privado para crear una red sostenible de banco de alimentos con puntos de acopio, listas preestablecidas, y entregas organizadas.

El tercer eje radica en la vigilancia de la sociedad civil sobre las obligaciones del Estado en el respeto, la protección y garantía de sus derechos fundamentales. La Defensoría del Pueblo no comparte el argumento que hace recaer la principal causa del repunte de contagios en una pretendida población irresponsable y desorganizada. No hay que desconocer que esta situación es producto de las brechas de desigualdad existentes y la enorme debilidad institucional de nuestro país, así como del déficit de gestión eficiente, en todas las instancias del gobierno. Revertir esta realidad requiere, por un lado, una activa participación de la sociedad civil en el escrutinio y control de la cosa pública (incluyendo el sector Seguridad y Defensa, por cierto), y por el otro, un Estado que haga a la ciudadanía partícipe de su gestión. Para ello, la publicidad (en el canal de televisión y radio del Estado, y sus respectivos portales y redes sociales, más que suficiente) y transparencia en esto último es vital, pues como dice la Corte-IDH (pudo buscarse otro ejemplo), con ello, las personas pueden cuestionar, indagar y considerar si sus autoridades están realizando un adecuado cumplimiento de sus funciones.

En ese orden de ideas, cabe reiterar, que la única manera de hacer frente a la crisis económica es a partir de una adecuada gestión sanitaria y social de la problemática que enfrentamos. No hay sistema económico capaz de sostenerse o reactivarse, si no se garantiza la salud de las personas que lo integran. La reactivación de las actividades productivas sólo será viable a partir de la generación masiva de empleos dignos para millones de peruanos (segundo uso incorrecto del lenguaje español al diferenciar por género, por lo que no citamos tal error). En esa línea, la reconstrucción de la economía es una pieza indispensable, sin la cual, no será posible articular y activar a la sociedad civil organizada.

Finalmente, en esta devastadora coyuntura, es inexcusable que, usted sr. presidente, quien personifica a la Nación, cumpla con reenfocar la estrategia de lucha contra la pandemia y sus efectos colaterales, a fin de colocar como protagonistas a las células básicas de nuestra sociedad. La propuesta planteada representa una oportunidad para que el gobierno articule, organice e impulse este entramado social que viene enfrentando hace meses la pandemia, y que hoy requiere de un Estado que entienda, potencie y optimice sus capacidades y fortalezas.

Atentamente,

Walter Gutiérrez Camacho
Defensor del Pueblo

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