Congreso del Perú debe citar de urgencia al canciller y al primer ministro por sumar al Perú a la nueva variante de globalismo de la ONU

– De manera inconsulta, sorprendiendo al país entero.

EL canciller Elmer Schialer sigue dando tumbos, de error en error, y ahora suma al Perú a un plan globalista que afecta la soberanía del Perú. El ministro Schialer debe ser interpelado a la brevedad. Foto: MInisterio de Relaciones Exteriores del Perú

maquina-de-combate.com – Muy orondos, la Cancillería del Perú ha anunciado el día de ayer, domingo, que la actual administración estatal liderada por Dina Boluarte ha adherido al Perú a la nueva versión del pacto globalista que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU), plan que antes denominaban Agenda 2030 y que ante el rechazo de buena parte de países le han cambiado de nombre a Pacto del Futuro.

Sin consultar a nadie, el Poder Ejecutivo ha integrado al Perú a un plan de la ONU que afecta la soberanía peruana y que también puede afectar la integridad territorial de la nación en un futuro no muy lejano. Tamaña irresponsabilidad no puede ser dejada de lado y el Congreso de la República está en la obligación de citar al canciller y al primer ministro para que brinden las explicaciones del caso.

De continuar la pretensión de sumar al Perú al dneominado Pacto del Futuro, el primer ministro deberá ser interpelado para evaluar con más detenimiento en el Pleno del Congreso las consecuencias de sumarse a este nuevo plan globalista, y de ser necesario, de alcanzar los votos necesarios, censurar al primer ministro para que él y todo el Gabinete de Ministros se vayan a sus casas.

Perú debe seguir el ejemplo de Argentino y no adherirse a un plan multinacional sobre gestión de recursos. Esto afecta la soberanía y puede afectar la integridad territorial.

No contentos tras haber dilatado la agonía de la empresa estatal Petroperú con el desperdicio de más recursos públicos, suman al Perú a un plan de la ONU que afecta la soberanía nacional. Petroperú, por cierto, tiene que abrirse a capitales privados para que sean ellos los que administren la Refinería de Talara y lideren la explotación de las reservas de petróleo halladas en la costa norte del Perú. Sería conveniente que el Estado retenga una parte menor de la propiedad de la empresa para vanzar en la reestructuración de las enormes deudas de Petroperú y no ahogar a la administración privada que se anime a hacerse cargo de la empresa.

El poder Ejecutivo haría bien en recordar que solamente son administradores de los recursos públicos. Sus actos tienen consecuencias sobre la soberanía, integridad territorial, bienestar y seguridad nacional, y por eso mismo es que tienen que responder políticamente por aquellos actos que afecten negativamente al Perú. El canciller bería ser interpelado, y probablemente censurado. Y el Congreso haría bien en evaluar también la continuidad del primer ministro, Gustavo Adrianzén.

 

 

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