Perú – Día 00430: Exmagistrados solicitan a la Corte Interamericana medidas cautelares a favor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides
– Con carácter de urgencia, por los ataques de Pedro Castillo y otros altos funcionarios
maquina-de-combate.com – La Asociación Nacional de Magistrados Cesantes del Ministerio Público ha solicitado medidas cautelares con carácter de urgencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en beneficio de la valiente Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los ataques provenientes de Pedro Castillo y otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
En una carta dirigida a Tania Reneaum Panzsi, secretaria ejecutiva de la CIDH, la asociación de exmagistrados le solicita que se «requiera al Estado peruano proteja el derecho a la vida y la integridad personal de la beneficiaria (la Fiscal de la Nación) y de su núcleo fammiliar. Tales derechos convencionales se encuentran en riesgo y resulta urgente su protección, toda vez que, de ese modo, se garantiza la permanencia y el ejercicio de las funciones de la Fiscal de la Nación en la investigación contra el presidente de la República y altos funcionarios del gobierno peruano».
Agrega la asociación de exmagistrados que «para tales efectos, se debe resaltar que el artículo 99° de la Constitución Política del Perú establece que las prerrogativas de los altos funcionarios se prolongan durante 5 años posteriores a la conclusión del cargo, de ahí que, se mantendría la competencia del despacho de la Fiscalía de la Nación para la investigación de los delitos de función, en consecuencia, resulta de vital importancia que se protejan los derechos convencionales mencionados en el párrafo precedente, dado que, incluso, como se pretende con la denuncia constitucional impulsada por el partido político «Perú Libre», la Fiscal de la Nación fuese separada de su cargo se afectaría la autonomía del Ministerio Público. Esto es, se requiere que la Fiscal de la Nación realice sus funciones sin ser víctima de coacciones, hostigamientos ni acciones que atenten contra su permanencia en el cargo».
Continúa la carta sosteniendo que «aquí conforme al reglamento de la CIDH, el peligro en la demora puede conllevar al incremento de acciones en contra de la Fiscal de la Nación y su núcleo familiar, debido a que, estas acciones anómalas han ido incrementando conforme el desarrollo de actos de investigación e inicio de otros casos penales en contra del presidente de la República, su entorno familiar y altos funcionarios peruanos. Este incremento de acciones, como por ejemplo, los seguimientos y toma de fotos irregulares en el domicilio de la Fiscal de la Nación y los plantones en la sede del Ministerio Público se han agudizado en el tiempo, desde que se inició la investigación, la declaración indagatoria del presidente de la República y, según el ordenamiento constitucional vigente, de haber suficientes indicios delictivos se produciría una eventual denuncia constitucional contra el presidente José Pedro Castillo Terrones, quien, al ser presidente en funciones, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (art. 167° de la Constitución Política del Perú)».
Continúa la carta, «en consecuencia, todos los ataques, actos de hostigamiento y campañas públicas de desinformación, descrédito y desprestigio constituyen acciones que ponen en riesgo los derechos convencionales de la Fiscal de la Nación y su núcleo familiar, impulsados como consecuencia de las investigaciones contra el presidente de la República en funciones, lo cual también atenta contra la garantía de independencia de los operadores de justicia, puesto que, las presiones hacia la Fiscal de la Nación, provienen de quien ejerce el más alto poder político del Estado, sumado a los congresistas que buscan desestabilizar la función de la Fiscal de la Nación. En este extremo, conviene recordar el informe «Garantías para la independencia de los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas», que señala su numeral 41 «el Parlamento no debe intentar influenciar indebidamente las decisiones del Ministerio Público relativas a un asunto concreto, para determinar el modo de actuar en un determinado caso».
«Todo ello, también configura, en clave convencional, una afectación a la participación de la mujer en los órganos de decisión pública, dado que como ha indicado el Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, en su informe sobre la participación de la mujer en la administración de justicia, los estados deben promover la ruptura del llamado «techo de cristal», por ende, son inaceptables los ataques políticos que buscan separar de la función a la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas».
«Así, es clara la existencia de una urgencia en la adopción de la medida cautelar por cuanto, en mérito a los fundamentos expuestos, se evidencia la amenaza al derecho a la vida e integridad personal tanto de la beneficiaria como de su núcleo familiar, luego de acreditar la existencia de múltiples campañas efectuadas por el jefe de Estado y sus ministros más cercanos, destinadas a desprestigiar las labores de la Fiscal de la Nación, inclusive se observan actos de hostigamiento con la remisión de un dron a su domicilio y al de la coordinadora del equipo especial», concluye la carta dirigida a la CIDH.
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