Declaración de ex presidentes del Congreso de la República de Perú
– Sobre interferencia del Poder Judicial y Ministerio Público en competencias exclusivas del Parlamento
– Congresista César Gonzáles presenta denuncia constitucional contra presidente del Poder Judicial
maquina-de-combate.com – Un grupo de ex presidentes del Congreso de la República del Perú ha emitido una declaración sobre el anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación preliminar a los congresistas que hicieron su trabajo y votaron en el proceso de elección de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional.
Al momento de escribir esta nota no se ha elegido miembro alguno del Tribunal Constitucional del Perú al no haber alcanzado ninguno de los candidatos los 87 votos requeridos para su nombramiento. La elección y nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso y de acuerdo a la Constitución Política del Perú, los parlamentarios no están sujetos a mandatos imperativos y no se les puede adjudicar responsabilidad legal por sus votos.
Por otro lado, el congresista César Gonzáles ha presentado hoy una denuncia constitucional contra la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, por supuesta infracción a la Constitución, luego de la interferencia de órganos judiciales en el proceso de renovación del Tribunal Constitucional. En la denuncia se plantea la inhabilitación de Elvia Barrios por diez años para el ejercicio de la función pública.
Por su parte, el congresista Franco Salinas, vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso, ha afirmado en su cuenta de Twitter: «Ante la negativa y el desdén mostrado, he solicitado ante la Junta de Portavoces que se invite al Poder Judicial y la Fiscalía a la sesión de la Comisión Permanente, de inmediato».
Cabe indicar que el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional gatilló el 30 de septiembre de 2019 el cierre inconstitucional del anterior Congreso de la República con el falso alegato de una «negación fáctica», término inexistente en el marco legal peruano.
Seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional tienen su mandato vencido desde hace más de dos años.
A continuación la declaración de los ex presidentes del Parlamento:
Declaración de Ex Presidentes del Congreso de la República
Los suscritos, ex Presidentes del Congreso de la República, frente al deplorable anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación fiscal contra los legisladores que votaron a favor de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional para reemplazar a los actuales con mandato vencido, expresan lo siguiente:
1. Rechazar el inicio de la referida investigación contra los integrantes de un Poder del Estado, cuya independencia se encuentra garantizada y protegida por el artículo 93 de la Constitución, que establece que los miembros del Poder Legislativo no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno, por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.
2. Denunciar el inicio de la referida investigación como un acto de deliberada intimidación contra los legítimos representantes de la nación, perpetrado como consecuencia de la infiltración política que lamentablemente se percibe en los órganos de la administración de justicia.
3. En defensa de principios constitucionales, respaldamos el Pronunciamiento de la Comisión de Constitución, debiendo evaluarse plantear un juicio político contra el titular de la Fiscalía de la Nación.
Lima, 12 de julio de 2021
Mercedes Cabanillas Bustamante
Ángel Javier Velásquez Quesquén
Luis Carlos Antonio Ibérico Nuñez
Luis Fernando Galarreta Velarde
Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre
César Alejandro Zumaeta Flores
Luz Filomena Salgado Rubianes de Paredes
Actualización al 13 de julio de 2021:
La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República han emitido un pronunciamiento sobre lo actuado en contra de la autonomía del Poder Legislativo.
A continuación el Pronunciamiento:
Pronunciamiento
Los Congresistas de la República integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento se pronuncian ante los recientes acontecimientos que lesionan el Estado de Derecho, el principio de separación de poderes y la autonomía del Poder Legislativo. En ese sentido, ante el intento de paralizar el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional;
– La Comisión se reafirma en señalar que el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, establecida en el artículo 201 de la Constitución Política del Estado; por tanto, no puede ser menoscabada por ningún funcionario público.
– La Comisión rechaza todo acto que pretenda transgredir las competencias que les han sido otorgadas a los distintos órganos del rango constitucional.
– La Comisión se reafirma en señalar que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones (artículo 93 de la Constitución). En consecuencia, el inicio de indagaciones preliminares por parte del Ministerio Público, por votos emitidos por los congresistas de la República, representa una vulneración a la prerrogativa de inviolabilidad parlamentaria de voto y opinión, así como al artículo 99 de la Constitución Política, que garantiza el fuero parlamentario.
– La Comisión recomienda el impulso de los mecanismos parlamentarios necesarios a fin de defender la autonomía funcional del Congreso, ante los intentos de interferir en sus competencias constitucionales.
Finalmente, se informa a la opinión pública que los congresistas de la República no hemos sido emplazados como demandados ni somos parte de proceso alguno que impida el libre ejercicio de las atribuciones parlamentarias.
Lima, 10 de julio de 2021
Comisión de Constitución y Reglamento
Congreso de la República
Por otro lado, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han emitido pronunciamientos en sentido contrario, que el marco legal les faculta a actuar en contra de los congresistas que simplemente están haciendo su chamba, lo cual es un absurdo de proporciones descomunales, habida cuenta de las garantías que les confiere la propia Constitución Política del Perú al Parlamento Peruano, estos comunicados no tienen validez alguna. El Perú no es una dictadura, por lo menos aún no.
Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo en el marco de sus funciones parlamentarias y sus votos no les generan responsabilidad legal alguna, en este caso, en materia de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
El punto es tal, que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) le ha abierto una investigación a la jueza supernumeraria (es decir, jueza auxiliar) que intentó/aceptó restringir la autonomía funcional del Congreso en la materia, la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
Segunda actualización al 13 de julio de 2021:
El expresidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia, Víctor García Toma ha afirmado en declaraciones a Canal N ha comentado que «la Constitución es clara en señalar que la designación y nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional le corresponde al Parlamento, y es una designación, que más allá de otras consideraciones, es básicamente política, es un acuerdo entre las distintas bancadas».
«Por supuesto, lo deseable es que entre los propuestos existan personalidades del derecho que tengan la capacidad técnica y los créditos morales, y sobretodo las credenciales democráticas para ocupar esos cargos», agregó.
«En segundo lugar, la intervención del Poder Judicial en esta materia no tiene justificación. Primero, porque se ha develado que la jueza no era una jueza de esa naturaleza, es decir, no le correspondía ocupar la función jurisdiccional, no estaba en la lista de las personas consideradas como supernumerarias. En segundo lugar, el señor Ayala (quien presentó el recurso judicial ante la jueza) carecía de legitimidad procesal para interponer una acción de amparo porque él en lo particular no se veía amenazado ni afectado por una decisión por parte del Congreso. En tercer lugar, si se lee, digamos, con atención la sentencia se encontrará que hay una grave deficiencia técnica, sobretodo tomando en consideración la previsión de las consecuencias de esta decisión», continúo con sus declaraciones a Canal N.
«Lo curioso además, es le hecho de haberse tramitado de una manera tan rápida, cosa inusual e inédita en la historia judicial del Perú un amparo de esta naturaleza. Ahora bien, la decisión, buena o mala, es una decisión que en efecto, como bien se ha dicho debería ser acatada de lo cual no se excluye ninguna persona natural o ente estatal. Lo que sucede es que el Parlamento lo ha entendido como lo que es, una interferencia, una afectación a su independencia y es allí, ante esa omisión en la que la situación se complica gravemente, y además, luego ya para coronar la cereza interviene de manera súbita el Ministerio Público, sin que la jueza que es la responsable del amparo, la que supuestamente ha sido desdeñada en el ejercicio de su función se lo pida, interviene, interviene olvidando que los parlamentarios, en el caso de los supuestos delitos de función, esto ha sido cometido en el ejercicio de la función, solo pueden ser objeto de una acusación constitucional, de conformidad con el Artículo 99 y 100 (de la constitución), y en consecuencia allí no intervienen un fiscal común y corriente», concluyó Víctor García Toma.
Tercera Actualización al 13 de julio de 2021:
El congresista César Gonzáles Tuanama ha interpuesto hoy una segunda denuncia constitucional, en esta oportunidad contra el encargado temporal del despacho de la fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la que se le imputa una «infracción de la Constitución y por el delito de abuso de autoridad».
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