Perú declara estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao, por niveles de delincuencia

– Evalúa restituir el servicio militar obligatorio, no obstante que los cuarteles no son reformatorios.
– También se analiza declarar en emergencia a la Policía para reducir la brecha logística.
– En consideración, la implementación de la pena de muerte para criminales violentos.

maquina-de-combate.com – Tras la declaratoria de Estado de Emergencia en la ciudades de Lima y Callao por un período de 30 días, una discutible medida de excepción que busca combatir la desbocada delincuencia que frisa desde hace un par de años al terrorismo urbano, la presidente del Perú, Dina Boluarte Zegarra, ha liderado ayer una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en la que se ha acordado la implementación de medidas para regularizar la situación migratoria de los extranjeros indocumentados. En caso de incumplimiento, se adoptarán acciones multisectoriales para su expulsión del Perú.

Al término de la primera sesión ordinaria del Conasec, se anunció que el Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley para restablecer el servicio militar y policial obligatorio, otra discutible medida que busca reorientar la vocación de jóvenes hacia el respeto a su país, sus instituciones, su población y sus perspectiva de futuro, a pesar de que es comúnmente reconocido que los cuarteles no son reformatorios para personas que si bien jóvenes ya han optado por un estilo de vida alejado de las responsabilidades que trae consigo la vida militar y peor aún se les va a capacitar en el uso de armas y tácticas de defensa personal, lo que en un futuro puede complicar bastante la labor de la Policía Nacional del Perú.

Por otro lado, el Ministerio del Interior promoverá la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de reducir la brecha logística y fortalecer la inteligencia policial en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsará la reforma del Sistema Nacional Penitenciario para mejorar el control en los establecimientos penitenciarios y evaluará la incorporación de las Fuerzas Armadas como apoyo en su gestión y vigilancia.

El Poder Judicial, el Ministerio Público, en coordinación con el el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Economía y Finanzas buscarán asegurar asignaciones presupuestarias que garanticen la plena implementación y funcionamiento de las Unidades de Flagrancia.

En paralelo, se fortalecerán los programas preventivos para promover la participación vecinal e institucional en la lucha contra la inseguridad ciudadana. También se fomentará el acceso de personal civil a las entidades miembros del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) y la asimilación de licenciados de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú.

De igual modo, se impulsará la inversión en infraestructura penitenciaria a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con el fin de mejorar las condiciones y capacidades del sistema carcelario.

Al respecto, la jefa de Estado agradeció la participación de los miembros del Conasec y destacó que, así como la sociedad exige resultados en materia de seguridad ciudadana, la población también demanda unidad. En ese sentido, subrayó que esta unidad se refleja en la presencia de los poderes del Estado y de los demás integrantes de este importante consejo.

“Y desde esa unidad, le decimos a los delincuentes, a las bandas criminales y a todo aquel que pretenda delinquir: mientras las instituciones permanezcamos unidas bajo el Estado de derecho, el respeto a la institucionalidad y nuestra democracia, no podrán derrotarnos. Aplicaremos mano firme para perseguir a cada delincuente y desarticular cada banda criminal organizada”, enfatizó.

Seguidamente, la mandataria anunció que el Ejecutivo está tomando medidas adicionales, entre ellas la descentralización de los equipos operativos de la Policía Nacional del Perú en Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, lo que permitirá una respuesta más rápida y efectiva contra la delincuencia.

Asimismo, se ha ordenado la descentralización de la central de emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú, de modo que cada una de estas jurisdicciones contará con su propia central de atención.

A través del Ministerio del Interior, se ha destinado un presupuesto adicional para fortalecer los departamentos de investigación criminal de la PNP, con el objetivo de potenciar la labor de inteligencia policial.

En esa línea, se ha suscrito un convenio con la Unión Europea para combatir la minería ilegal, la trata de personas y los homicidios. Este acuerdo, por un monto de un millón de soles (unos 274 mil dólares), estará enfocado en fortalecer las capacidades de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía.

Además, se implementará de inmediato una sala de comando denominada «Cuarto de Guerra de Seguridad Ciudadana», desde donde el Poder Ejecutivo realizará un seguimiento inmediato a los acuerdos mientras se formalizan las disposiciones adoptadas en esta sesión. También, se ha dispuesto la incorporación a la Policía Nacional del personal que haya cumplido con el servicio militar obligatorio.

“Queremos decirle a la población peruana que la seguridad de cada ciudadano, de su familia, del trabajador, del estudiante, del empresario y de todos en general, sí nos importa. Desde este Conasec, trabajaremos incansablemente para obtener resultados y, ojalá, lo más pronto posible, para que cada peruano pueda salir de su hogar, dirigirse a sus centros de estudio, de trabajo y a cualquier otro lugar con la tranquilidad y seguridad que merece”, concluyó Boluarte.

Pena de muerte para criminales violentos
Durante la sesión del CONASEC, se analizó la propuesta de incluir en los acuerdos el inicio de la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Los alcaldes participantes y la presidenta Boluarte se mostraron a favor de esta medida, pero no se logró alcanzar un consenso al respecto.

En declaraciones a la prensa local, la presidente Boluarte afirmó al respecto que «yo estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, a mujeres indefensas, a niños, ya no tienen forma de que se puedan resocializar, y es allí donde se tenga que aplicar, para estos criminales, la pena de muerte».

En ese sentido agregó: «Hoy me ratifico y pido a la clase política a debatir seriamente esta posibilidad, y esta posición no es para distraer la atención, no, nosotros como gobierno no hacemos nada para distraer la atención, lo hacemos pensando en el país, esto no son cortinas de humo, es un acto de responsabilidad histórica. No hay lugar para el miedo cuando se trata de la seguridad de nuestros hermanos, debatamos esta propuesta, hagámosla posible y comencemos a transformar la realidad de la seguridad en nuestro país».

La presidente Boluarte ha olvidado que la implementación de la pena de muerte requiere que el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, inicie el trámite para denunciar el Pacto de San José y retirar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organización transnacional que no hace sino entorpecer el quehacer nacional y las decisiones soberanas de las instituciones tutelares del Perú.

Durante 30 días, las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía en el patrullaje de las calles de Lima y Callao.

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