Ministerio Público de Perú confunde pensión con remuneración y presenta denuncia constitucional contra congresistas que apoyaron el aumento de remuneraciones a militares y policías

– En abierta contradicción a sentencia del Tribunal Constitucional.
– Parlamentarios anuncian denuncia constitucional por prevaricato contra la fiscal de la Nación.

Resultado de la votación del proyecto de ley que incrementa los sueldos de poolicías y militares, en el Pleno del Congreso de la República

Perú – Día 0245 – No obstante que el presupuesto público del Perú no ha comprendido aumentos en las remuneraciones de militares y policías por más de diez años, y que el justo reclamo de la familia militar y policial fue acogido por el Pleno del Parlamento al aprobar recientemente la ley que dispone un aumento salarial en etapas, la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra 11 parlamentarios integrantes de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Parlamento, donde se gestó la iniciativa legislativa, simplemente por ejercer las atribuciones legislativas para las cuales fueron elegidos en votación universal.

La Fiscalía de la Nación les atribuye a los congresistas: «haberse interesado indebidamente y directamente en la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 319/2021-CR, con su texto sustitutorio, con el cual permitieron que los congresistas Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Aservi y Azurín Loayza, accedan a la percepción de sueldo y pensión en forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas (en el caso de Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León y Cueto Aservi) y de la Policía Nacional del Perú (en el caso de Azurín Loayza)».

El Artículo 93 de la Constitución Política del Perú reza en parte significativa que «Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones».

El Artículo 40 de la Constitución Política del Perú señala en parte significativa que «ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno o más por función docente y/o asistencial de salud». Sin embargo, el Ministerio público parece no saber que una pensión no es una remuneración.

Al respecto, la congresista Adriana Tudela ha sostenido en sus redes sociales que «una pensión no es una remuneración. Esto ya ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional hace tiempo. La Fiscalía se está prestando para una escandalosa persecución política liderada por el IDL, que tiene la misma agenda de siempre: atacar a las Fuerzas Armadas y erosionar la democracia. En lugar de perseguir a quienes han entregado su vida a servir al país, dedíquense a perseguir a los delincuentes que atentan contra la vida y la integridad de los peruanos en las calles».

Asimismo, la congresista Patricia Juárez, en declaraciones a la prensa local, ha afirmado que «esto es un absoluto despropósito de parte de la señora fiscal que debería de evaluar nuevamente lo que ha hecho y desistirse de esta denuncia constitucional tan absurda y que viola flagrantemente la Constitución Política. Yo voy a trabajar con mi equipo una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, porque creemos que está infraccionando la Constitución Política del Perú, creemos que ella tiene que por lo menos habe revisado el Artículo 93 de nuestra Constitución y la inviolabilidad que nosotros tenemos para votar en la forma adecuada y correspondiente».

Por su parte, el congresista y general EP (r) Roberto Chiabra ha sostenido que «ante denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, que atribuye ‘haberme interesado indebidamente en aprobar´el dictamen del Proyecto de Ley 319/2021-CR, que regula contratar pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, sobre acceder a percepción simultánea de sueldo y pensión, preciso:», y procede a mostrar en sus redes sociales un artículo del Informativo N° 26 del Tribunal Constitucional del Perú titulado «No hay incompatibilidad entre el cobro de pensión y remuneración sea docentes o cualquier índole» en el que el máximo interprete de la Constitución elabora sobre la materia en favor de los congresistas.

Chiabra presenta también la razón de relatoría de la Sentencia 1/2022 del Tribunal Constitucional en la que, entre otros argumentos, señala: «Regla sustancial 1: No existirá incompatibilidad entre la percepción simultánea de la pensión de jubilación o cesantía de los regímenes del Decreto Ley 20530 y Ley 19990, y la remuneración por servicios prestados al Estado, sean docentes o de cualquier índole».

Presenta también el texto del Decreto Legislativo N° 1133 «Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial» que fue publicado en diciembre de 2012 en el diario oficial El Peruano, donde se señala que «en el caso del pensionista del régimen del Decreto Ley N° 19846 que accedió a dicha pensión antes de la dación del Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, que reinicia o hubiera reiniciado actividad laboral para el Estado, tiene derecho a percibir, además del ingreso por el trabajo desempeñado todos aquellos conceptos adicionales a la pensión que viene percibiendo». No hay incompatibilidad entre pensión y remuneración estatal.

El Ministerio de Economía y Finanzas, en su Opinión N° 0009-2023-DGGFRH/DGP también sostiene que no existe incompatiblidad entre pensión y remuneración simultáneo del aparato estatal.

Por otro lado, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, en declaraciones a la prensa local calificó de ignorancia supina la denuncia constitucional de la Fiscalía contra 11 congresistas. «Pensión no es sinónimo de remuneración», afirmó García Toma.

Por su parte, el congresista y almirante (r) Jorge Montoya ha sostenido en sus redes sociales lo siguiente:

«RESPUESTA AL COMUNICADO DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN

Existe una enfermedad que está carcomiendo a ciertas instituciones, y me comprometo a erradicarla. Esta enfermedad es el odio sin sentido, la corrupción y las maniobras injustas que algunos malos elementos están gestando en la Fiscalía de la Nación. Este intento de amedrentamiento con denuncias carentes de sustento legal, bajo la falsa creencia de que por ocupar temporalmente una posición en la fiscalía se han convertido en emperadores de la justicia, no solo denigra más a estos funcionarios, sino que continúa socavando la ya deteriorada imagen de una institución fundamental para el país.

Lo que estamos presenciando no es un debate sobre pensiones ni sobre una ley en particular, sino una clara injusticia y una descarada persecución política contra quienes verdaderamente defienden la democracia y los valores republicanos. Este tipo de acciones no solo busca desestabilizar, sino que demuestra un afán de dividir y dañar a quienes trabajamos por el bien del Perú.

A todos los peruanos: mi compromiso sigue siendo inquebrantable. Lucharé por la verdad, la justicia y la defensa de la institucionalidad de nuestra democracia. Porque el Perú no merece estas prácticas bajas y deshonestas.

¡No cederé ante la corrupción ni ante la manipulación»

Finalmente, el congresista y almirante (r) José Cueto Aservi ha sostenido que «es lamentable que en lugar de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, la titular de la Fiscalía de la Nación inicie una campaña de persecución política y legal contra los militares y policías en situación de retiro en el Congreso de la República.

¿Cuál es la base de su denuncia? Que en la Comisión de Defensa Nacional hemos aprobado un proyecto de ley que garantiza el derecho constitucional a la pensión y al trabajo que tiene todo peruano, incluyendo a pensionistas de la PNP y FFAA. Este proyecto que luego se convirtió en la Ley 31473 beneficia a cientos de miles de militares y policías en situación de retiro y también los de actividad, que en algún momento pasarán a ser pensionistas.

No me arrepiento de haberlo apoyado a nivel de Comisión, lo volvería a hacer.

Estoy seguro que su denuncia será archivada por inconstitucional e ilegal. La Fiscal de la Nación está vulnerando el artículo 93 de la Constitución que establece que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Es un principio básico en toda democracia, solo en dictaduras como la cubana o venezolana se vulnera.

Por ello es que será denunciada por prevaricato e infracción a nuestra Constitución Política».

 

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