Congreso del Perú aprueba la inhabilitación por 10 años del exencargado de la Presidencia, Francisco Sagasti

– Por haber pasado al retiro a 18 generales de la Policía de manera irregular.
– También se aprobó similar acción contra los exministros del Interior, Rubén Vargas y José Élice.

El exencargado del Despacho Presidencial, Francisco Sagasti, ejerciendo su derecho constitucional a la defensa en instalaciones del Parlamento. Detrás suyo, sus abogados defensores. Foto: Congreso de la República del Perú

Perú – Día 0272 – La Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú ha aprobado hoy 19 de febrero la propuesta de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública al exencargado de la Presidencia de la República, Francisco Sagasti Hochhausler.

El motivo fue el pase irregular a retiro de diez generales de la Policía Nacional del Perú.

La presunta infracción constitucional es por no haber respetado los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Carta Magna, y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, que está tipificada en el artículo 376 del Código Penal. Este obtuvo 18 votos favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones; en tanto, la propuesta de inhabilitación obtuvo 22 votos favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones.

De acuerdo al Congreso de la República, a Sagasti Hochhausler se le acusa de haber emitido las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema N° 094-2020-IN, que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Las recomendaciones y la propuesta de inhabilitación se encuentran en el informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 285, 287 y 369, que fueran formuladas por los congresistas Juan Burgos Oliveros (PP), José Ernesto Cueto Aservi (HyD), el ciudadano Orlando Velasco Mujica y otros.

Ex Ministros del Interior en la picota
El mismo informe final recomienda también acusar a José Elice Navarro, en su condición de exministro del Interior, por la misma presunta infracción constitucional y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, además de la propuesta de inhabilitación.

Se le acusa de refrendar las resoluciones supremas que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, contra las arbitrarias e ilegales resoluciones supremas que disponen el pase al retiro por causal de renovación de manera excepcional.

La acusación obtuvo 21 votos favor, 3 votos en contra y 1 abstención; y la propuesta de inhabilitación obtuvo 19 votos favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.

Respecto al delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal el informe propone levantar el fuero a los denunciados para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales. Obtuvo 18 votos favor, 3 votos en contra y 1 abstención.

Patricia Juárez Gallegos informó a los miembros de la Comisión permanente que el procedimiento de acusación constitucional finalizará luego de la presentación del exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes, reprogramada por única vez a su solicitud.

Luego, en aplicación del inciso g del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Comisión Permanente aprobó por mayoría (21 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención) la propuesta de conformación de la Subcomisión Acusadora, integrada por la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales María Acuña Peralta y Jorge Montoya Manrique.


Argumentos de defensa
En su defensa, Francisco Sagasti argumentó que la decisión de pasar al retiro al conjunto de oficiales de la policía estuvo estrictamente enmarcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento. Cabe indicar sin embargo que en una búsqueda en Internet se encuentra el Decreto Supremo N° 026-2017-IN «Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267 Ley de la Policía Nacional del Perú», publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de octubre de 2017, en el que se resalta que «la Dirección General está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de Teniente General y su designación se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú; pudiendo designarse a un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de General, siempre que no existieran Tenientes Generales, cuya designación recaerá de entre los tres Generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales».

Desde entonces el cargo de Director General de la Policía se ha redenominado Comandante General de la Policía. Lo que hicieron durante la encargatura presidencial de Sagasti fue pasar a retiro al comandante general de la Policía y a otros 17 generales que figuraban en los primeros puestos del escalafón policial para luego escoger al comandante general entre los tres primeros generales del escalafón resultante tras el retiro de los otros oficiales. Para los congresistas, esa acción es merecedora de una inhabilitación de 10 años.

Otra cuestión bajo controversia es la autoridad que pueda tener una administración interina para hacer tales cambios en una institución tutelar de la República como lo es la Policía Nacional del Perú. Debieron seguir las normas al pie de la letra. No lo hicieron y allí los resultados.

Por su parte, José Élice aseveró no saber porque se le acusa si al momento de los hechos no ocupaba el cargo de Ministro del Interior, sino que lo ocupaba Rubén Vargas. Sin embargo, reportes de la prensa local daban cuenta por entonces que Élice en calidad de Ministro del Interior defendió la legalidad del pase a retiro de esos 18 generales. Salvo mejor parecer, de acuerdo al Decreto Supremo N° 026-2017-IN, ese pase en bloque al retiro no ha sido legal. Si compete o no una inhabilitación queda a criterio de los congresistas, los que han votado a favor de la medida.

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