Venezuela tendrá que pagar más de USD128 millones a Huntington Ingalls por la modernización de dos fragatas Lupo
– Fallo judicial a favor del astillero
– Trabajos contratados en 1997 y el pago en disputa en corte desde 2002
maquina-de-combate.com – El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ha confirmado la sentencia del Tribunal del Distrito Federal de Mississippi, reconociendo un laudo arbitral que data del 19 de febrero de 2018 en el que se obliga al gobierno de Venezuela al pago de 128 862 457.27 dólares al astillero Huntington Ingalls por trabajos impagos derivados de la modernización de dos fragatas Lupo de la Armada de Venezuela.
El monto que se le debe pagar al astillero no incluye intereses.
En julio de 1992, la Armada de Venezuela firmó un contrato con Huntington Ingalls (que entonces operaba como Ingalls Shipbuilding) para la reparación y modernización de las fragatas F-21 ARV Mariscal Sucre y F-22 ARV Almirante Brión, con la previsión de iniciar labores en septiembre de 1992. Los trabajos fueron suspendidos en repetidas ocasiones y en octubre de 1994 se suspende el proyecto por falta de presupuesto. Un nuevo contrato se firmó el 18 de diciembre de 1997 por la abultada cifra de 315 millones de dólares para realizar los trabajos en el astillero de la empresa en la ciudad de Pascagoula, Mississippi.
En 2002, las diferencias entre las partes en torno a los pagos por los servicios ya aplicados en las fragatas, llevó a Huntington Ingalls a solicitar medidas cautelares y un proceso de arbitraje. Si bien, el contrato estipulaba que el arbitraje se realizara en Venezuela, la inestabilidad política en el país sudamericano fue el factor determinante para que las cortes de Mississippi aceptarán que el arbitraje se llevará a cabo fuera de Venezuela.
De acuerdo a la periodista Mailbort Petit, representantes del Ministerio de Defensa de Venezuela acordaron un pago de 70 millones de dólares para cerrar el caso en Mississippi, pago que fue aceptado por la empresa, pero que subsecuentemente fe rechazado por Venezuela.
El proceso de arbitraje se trasladó a la Ciudad de México, México, pero terminó sin una decisión. Nuevamente, se mueve el arbitraje, en esta oportunidad a Washington D.C., donde se le otorgó 128 millones de dólares más otros costos, como compensación al astillero. El Ministerio de Defensa de Venezuela apeló.
El Tribunal de Apelaciones ha considerado correcto haber trasladado el arbitraje fuera de Venezuela por las condiciones imperantes en dicho país, que imposibilitan un proceso justo y equitativo. También se consideró que era imprevisible al momento de firmar el contrato que tales circunstancias se iban a presentar en Venezuela. El algún punto, el proceso de arbitraje también fue trasladado a Brasil.
En la modernización de las dos fragatas Lupo de la Armada de Venezuela se les recorrió completamente el casco, se reemplazaron los motores diésel (los nuevos motores casi triplicaban la potencia de los originales) y modernizaron las turbinas a gas, cambio del sistema de control de la planta propulsora, reemplazo de grupos electrógenos (por nuevos de mayor potencia), modernización del sistema de comando y control (integración del sistema ENTCS 2000 de Elbit Systems en reemplazo del IPN-10), modernización de equipos en el centro de operaciones de combate, recorrido y modernización de sistemas de armas, integración del radar multifunciones Elta EL/M 2238 STAR-3D, integración del sonar de casco Northrop Grumman 21 HS-7 en reemplazo del sonar EDO 610E, entre otros.
Las dos fragatas arribaron a Pascagoula el 10 de enero de 1998 y se había programado concluir hacia febrero del 2000. Sin embargo, inconvenientes en la integración de algunos componentes provocaron postergaciones.
Similares trabajos se habían proyectado para las fragatas F-23 ARV General Urdaneta, F-25 ARV General Salóm y F-26 ARV Almirante García, a realizarse en la empresa estatal Dianca, pero nunca avanzaron y por el contrario, las fragatas han permanecido varadas durante más de diez años en las instalaciones de Dianca.
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