Perú: Generales y Almirantes en retiro solicitan al Congreso no ratificar el Acuerdo de Escazú

– El acuerdo es una abdicación de la soberanía sobre territorio peruano.
– Infringe el deber de las Fuerzas Armadas de defender la soberanía del Perú.

maquina-de-combate.com – En una carta dirigida al presidente del Congreso de la República, congresista Manuel Merino de Lama, un nutrido grupo de oficiales generales y almirantes en retiro de las Fuerzas Armadas del Perú le han solicitado al Congreso que no ratifiquen el denominado Acuerdo de Escazú.

El acuerdo fue firmado en 2018 por la entonces ministra del Ambiente del Perú, Fabiola Morales, pero necesita la ratificación del Congreso de la República para que se torne vinculante y adquiera la condición de Tratado. Lamentablemente, la población no conocía sino hace hace unos pocos meses que el Perú había firmado este acuerdo y tampoco se conocían sus alcances directos e indirectos. Desde entonces, diversos especialistas, personas que han ocupado altos puestos en gobiernos anteriores y oficiales militares en retiro se han pronunciado en repetidas ocasiones en contra de la ratificación del denominado Acuerdo de Escazú.

A continuación el texto de la indicada carta:

Lima, 02 de septiembre de 2020

Señor Congresista
Manuel Merino de Lama
Presidente del Congreso de la República del Perú
Presente.-

De nuestra consideración:

Los Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas que ocuparon los cargos de Ministros de Guerra, Aeronáutica y Defensa, Presidentes y Jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Comandantes Generales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea que suscriben el presente documento, tenemos el honor de dirigirnos a Ud. Sr. Presidente del Congreso, y por su intermedio a todos los miembros de la representación nacional, a fin de expresarle nuestra manifiesta oposición a la posibilidad que se apruebe por el Congreso el denominado Acuerdo de Escazú.

Nuestra actitud obedece a que este Acuerdo es un Tratado Internacional que implica una abdicación de nuestra soberanía, que nos impediría decidir en el futuro sobre la producción y explotación de nuestros recursos naturales, de los que depende fundamentalmente el desarrollo, es decir el futuro de nuestro país, transfiriendo este derecho soberano a organismos internacionales. Y esto se haría sin ninguna justificación, ya que la protección ambiental, que sería la razón de la creación de esta «justicia ambiental» esta suficientemente cautelada en nuestra legislación, y en nuestra Constitución.

Esta inaceptable abdicación de nuestra soberanía, respecto de nuestros recursos naturales, que se estaría efectuando en favor de tribunales supranacionales, obligaría al Perú a cumplir cualquier decisión que estos pudieran adoptar, por injusta, equivocada o perjudicial, que pudiera resultar para nuestro país, y que significaría en tal caso un freno poderoso que impediría el correcto aprovechamiento de la producción y explotación de nuestros recursos naturales, imprescindible para el desarrollo futuro de nuestro país, lo que incluso podría poner en peligro la Seguridad y Defensa Nacional.

Como consecuencia de ello, el Acuerdo de Escazú se convertiría en una fuente interminable de litigios, promovidos a partir del fondo de este Acuerdo, al señalar, que además de los Estados parte, «garantizará un entorno seguro y propicio, en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad». Como resulta evidente y extremadamente peligroso, no se hace ningún distingo en el caso de estos últimos, ni siquiera en materia de nacionalidad. Estos litigios terminarían siendo resueltos en última instancia en tribunales supranacionales, integrados por jueces extranjeros.

Nuestra Constitución establece para todos los peruanos «el deber de honrar al Perú, y de proteger los intereses nacionales …», pero particularmente en su Art. 166, le asigna a las FFAA la responsabilidad de «garantizar la independencia, la soberanía, y la integridad territorial de la República», y consecuentemente las instituciones militares que la conforman, tienen la obligación de cumplir ese mandato constitucional, especialmente en este caso, en materia de soberanía. Pero sucede que este deber corre el grave riesgo de ser infringido, dada la evidente voluntad del Gobierno de ratificar este Acuerdo, en caso de ser aprobado por el Congreso.

En las actuales circunstancias, expresadas anteriormente, nosotros que hemos sido las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas, pero además como miembros del personal militar en situación de retiro, que en esta condición sigue formando parte de las FFAA, or así disponerlo el Art. 22 de la Ley de Situación Militar, tenemos todo el derecho y el deber de expresar nuestra opinión y posición sobre el particular, y en esa virtud lo estamos ejercitando, al invocar al Congreso de la República, la no aprobación del Acuerdo de Escazú.

Hacemos propicia la oportunidad para expresar a Ud., los sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal.

Atentamente,

General de División Francisco Morales Bermudez Cerruti
Vicealmirante Julio Pacheco Concha Hubner
Teniente General José Nadal Payva

La lista de generales y almirantes firmantes continua …

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