(maquina-de-combate.com) Lima – El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha anunciado a través de su cuenta en Facebook que su gobierno ha decidido ejecutar la carta fianza pactada en un valor de 262 millones de dólares como penalidad ante el incumplimiento de contrato en el que ha incurrido el consorcio Gasoducto Sur Peruano.

El consorcio está conformado por la empresa brasilera Odeberecht (55%), inmersa en un gigantesco escándalo de corrupción en diversos países de Latino América, incluyendo al Perú; la empresa española Enagas (25%); y la empresa peruana Graña y Montero (20%).

Este 23 de enero ha vencido el plazo para que el consorcio acredite ante el Ministerio de Energía y Minas del Perú, en su calidad de concedente, el paquete financiero para el desarrollo del proyecto de instalación de ductos de transporte de gas en el sur del Perú para suministrar gas natural desde los pozos de Camisea. Este proyecto está valorizado en unos 7,000 millones de dólares, tras múltiples modificaciones, actualizaciones, incrementos de costos, adendas, que colocan en serias dudas la veracidad de los montos de inversión acordados con el consorcio.

Odebrecht tampoco ha tenido éxito en vender su participación en el proyecto.

Odebrecht tiene unas tres décadas operando en el Perú y ha tenido a su cargo proyectos de infraestructura de gran envergadura. Ya ha adelantado unos 30 millones de soles al gobierno peruano, los que serán utilizados para la investigación en su contra. Ahora, entre los reintegros al gobierno de Perú, se suman los 262 millones de dólares de la carta fianza.

Cabe anotar que este proyecto se venía realizando bajo la modalidad Alianza Público Privada (APP), aunque de un modo que desvirtúa las características de la misma. En una APP, tanto el Estado como la empresa privada inyectan recursos financieros en un proyecto, con perspectivas a generar retornos a futuro. En este caso, la empresa adjudicataria se aseguró retornos excesivos a costa del Estado y de los propios usuarios del sistema eléctrico nacional.

Una APP sigue siendo una de las mejores alternativas para el cierre de brechas en infraestructura y el desarrollo de proyectos de inversión en múltiples sectores. Los términos pactados con Odebrecht, en este y otros proyectos (por ejemplo, los peajes en la Carretera Panamericana al norte de Lima, donde se asegura a la empresa ingresos adelantados vía peajes), se alejan bastante del perfil de una APP.

En el Gasoducto Sur Peruano se habían acordado garantías por parte del Estado peruano que incluyen una tasa que se cobra a los consumidores de energía eléctrica, tanto residenciales como empresariales, que se han ido acumulando en un fondo. Este fondo sirve, o más bien, servía, como garantía ante una falta de demanda u oferta de gas para la empresa. El item figura en los recibos de luz de todos los usuarios bajo la figura de “Afianzamiento Seguridad Energética” o “Seguridad Energética CASE” donde CASE significa “Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética”. La administración del CASE está a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

A octubre de 2016, el fondo de garantía (fideicomiso) ha acumulado unos 108,646,391 dólares. El Ministerio de Energía y Minas ha anunciado que se devolverán estos aportes a los usuarios.

Asimismo, al 20 de enero, el proyecto Gasoducto Sur Peruano cuenta con un 37.60% de avance general y 10.7% de avance en la construcción y montaje del sistema de ductos. Están en Perú el 62.76% de los tubos para la construcción del ducto que tendrá más de mil kilómetros de extensión.

El proyecto ha retornado al Estado, que tendría que licitarlo nuevamente.

Finalmente recordar que Odebrecht tiene una unidad dedicada a actividades en el sector de la seguridad y defensa que se denomina Odebrecht Defensa y Tecnología.

Actualizado al 26 de enero de 2017.

Foto: Gasoducto Sur Peruano S.A.