Debido a vacíos de la legislación local sobre el mecanismo de gobierno a gobierno.

(maquina-de-combate.com) Lima – La Contraloría General de la República ha descartado que haya emitido una opinión favorable sobre el procedimiento de compra que siguió el gobierno anterior para la compra del satélite de observación terrestre PeruSat-1, que fuera realizada en base a un mecanismo de gobierno-a-gobierno y que en este caso se ha erigido como un tratado ejecutivo internacional con el gobierno de Francia.

En medio de opiniones contradictorias, el comunicado de prensa de la Contraloría General, si bien deslinda las responsabilidad de la entidad controladora y los alcances de su función en la compra del satélite, no contribuye a despejar el panorama al contradecir las afirmaciones del ex presidente Ollanta Humala, ex primer ministro Pedro Cateriano, y el ex ministro de defensa Jakke Valakivi ante la Comisión de Defensa del Congreso, en el sentido de que la propia Contraloría – entonces, con Fuad Khoury a la cabeza – había revisado el procedimiento de compra sin haber detectado irregularidad alguna, lo que implica una opinión favorable.

El actual contralor Edgar Alarcón ha afirmado – o al menos así lo pareció – que durante su gestión no se han encontrado irregularidades sobre lo actuado hasta la firma del contrato con Airbus Defence and Space y que queda pendiente la revisión de la ejecución contractual. Ahora se aclara que la Auditoría de Cumplimiento No 040-2015-2-0848, que ha revisado lo actuado hasta la firma de contrato, se ha entregado en diciembre de 2015, es decir, anterior al nombramieto de Alarcón como contralor. Lo que sí confirma el nuevo comunicado de la Contraloría es que queda pendiente la revisión de la ejecución contractual

En la Comisión de Defensa Nacional se ha cuestionado que el Ministerio de Defensa haya decidido pasar a secreto la documentación del proceso para así llevar adelante la compra sin tener que procesarla a través del SEACE, el sistema electrónico de compras del Estado, que requiere de una licitación, en la que se preparan bases, se reciben y absuelven dudas de los postores, se recogen o rechazan las sugerencias de las empresas interesadas, se integran las bases en base a las sumas o restas que se hayan derivado del proceso de consultas con los postores, y se procede a recepcionar y evaluar las ofertas en sus cualidades técnicas y económicas, para así seleccionar al contratista.

Así, según resalta la Contraloría las empresas interesadas no llegaron a tener la cualidad de postores, aunque en la práctica sí lo fueron, dado que el procedimiento seguido si bien ha sido particular – y es algo extraño que se haya considerado secreta la compra (o la documentación del proceso de compra) de un sistema de aplicación multisectorial – no constituye en sí una ilegalidad, debido a que la ley peruana prevé este tipo de mecanismos de compra, el cual dicho sea de paso no ha sido una creación del gobierno pasado.

Funcionarios de Conida han explicado ante la Comisión de Defensa Nacional, de manera similar a lo sucedido en el Parlamento anterior, que se recepcionaron cuatro propuestas de cuatro empresas, que debido al mecanismo de gobierno-a-gobierno seguido estaban respaldadas por los gobiernos donde tienen su domicilio fiscal. Estos gobiernos, como ha informado Conida, Humala, Cateriano y Valakivi han respaldado la calidad de sus productos satelitales y en el caso de Francia, han supervisado el proceso de fabricación.

En Conida se catalogaron los documentos como confidenciales y es en el Ministerio de Defensa del Perú donde se les asigna el carácter de secreto. Aunque según indican las ex cabezas del Ministerio, esta clasificación en particular no precluye la facultad que tienen los congresistas para revisar tal documentación y que en ese sentido escapa a la clasificación de secreto militar que impide su divulgación y/o revisión por un número de años.

La Contraloría General de la República agrega en su comunicado que hubo un incremento en la inversión de la compra del satélite, desde 497,910,858 soles hasta más de 573,384,000 soles, lo que fue de conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (que también revisó inicialmente el proyecto por su naturaleza multisectorial) y por el Ministerio de Economía y Finanzas (entidad encargada de liberar los fondos del presupuesto nacional). Funcionarios de Conida, sin embargo, han revelado que se han logrado descuentos en la ejecución del proyecto.

La investigación en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de Congreso tiene aparentemente el objetivo de indagar sí se han aprovechado los huecos en la legislación nacional para el uso de los fondos públicos, pero no se discute la necesidad del satélite. Una posibilidad que también contempla el comunicado de la Contraloría al comentar los vacíos legales y operativos en torno a compras gobierno-a-gobierno.

Los representantes de Conida y los ex-directivos del Ministerio de Defensa han señalado en reiteradas oportunidades que ninguno de los gobiernos o empresas que participaron en el proceso de selección ha presentado alguna queja sobre la materia.

Cabe indicar que las normas y procedimiento que sigue Conida para la adquisición de bienes y servicios en el extranjero, con proveedores no domicialidos en el Perú, se establecen en una de sus directivas. El estudio de mercado realizado por Conida se ha extendido a un proceso de selección en el que se han evaluado cantidad de factores técnicos y económicos, tal y como se hubiera hecho en un proceso de licitación en el marco del SEACE, con las diferencias ya señaladas aquí en un párrafo anterior.

Es evidente a estas alturas que se requiere un sistema mejorado de acompañamiento de las inversiones del sector defensa, pero que éste no se constituya en un cuello de botella de las mismas.

perusat-1_almacenamietoparatraslado_jun2016_cuartolimpio_airbusds_450px_cropped

Foto: Airbus Defence and Space